El Ejecutivo pretende adelantar a 2008 la rebaja fiscal para las grandes empresas

El Gobierno pretende reducir a dos años el plazo de entrada en vigor de la rebaja fiscal para las grandes empresas, después de que ya haya anunciado el adelanto al 1 de enero de 2007 de la reducción destinada a las pequeñas y medianas sociedades (pymes). Así lo avanzó ayer en el Congreso el vicepresidente económico, Pedro Solbes, durante la defensa de su proyecto de reforma de los impuestos de la renta (IRPF) y sociedades, que pasó su primer examen parlamentario gracias a los votos de CiU y Coalición Canaria, que se unieron a la mayoría relativa que tiene el PSOE.

Los vetos presentados por PP, IU, ERC y BNG fueron rechazados sin mayores complicaciones, de forma que a partir de la semana próxima comenzará el trámite de las enmiendas parciales, donde es probable que la coalición de izquierdas y los republicanos catalanes logren que el Ejecutivo acepte algunas de las modificaciones que plantean. Las más factibles son las que se refieren, dentro del IRPF, a una elevación de los topes deducibles en las aportaciones a los planes de pensiones, y a una subida de los mínimos exentos por hijo a cargo.

Mucho más complicada se presenta la posibilidad de recuperar las ayudas fiscales para quienes viven de alquiler. Por el contrario, sí hay opciones de mejorar el trato fiscal de las microempresas (con menos de 10 empleados) y de los llamados inversores de proximidad (claves para financiar a las pymes), y en menor medida de «territorializar» las aportaciones a fines sociales (0,52% del impuesto).

Fruto del acuerdo de última hora entre el Gobierno y CiU, las pymes disfrutarán ya el próximo ejercicio de un tipo reducido del 25%, mientras que las grandes compañías tardarán «de dos a tres años» en ver rebajado el suyo (hasta el 30%) frente a los cinco años que se establecen en el proyecto inicial.

Durante el debate parlamentario, Solbes adelantó también que a medio plazo habrá otra serie de cambios de más calado en el impuesto de sociedades, forzados por la necesidad de ajustarlo a lo que estipulan las nuevas normas internacionales de contabilidad (NIC). El fin principal es modificar la base imponible de este tributo para adaptarlo al resultado contable de las empresas, modificado con el sistema citado.