El hampa contra Brasil

Cuatro días después del inicio de las rebeliones en prisiones de Sao Paulo, un total de 45 cárceles y centros de detención provisional continúan desbordadas por la violencia. Entre cincuenta y setenta muertos, de los que 35 eran funcionarios de servicios policiales o penitenciarios, se cuentan ya desde que el pasado viernes estallaron graves desórdenes inducidos por los jefes del hampa brasileña en respuesta al traslado de sus líderes más conocidos a cárceles de seguridad; 217 personas permanecen como rehenes y se desconoce aún el número exacto de muertos o heridos. No es exagerado decir que la situación que atraviesa en estos momentos el sistema penitenciario brasileño es crítica. Y en las calles de Sao Paulo no es mucho mejor: 65 autobuses y diez oficinas bancarias incendiadas dan fe de la arrogancia que frente a un Estado como Brasil esta superestructura criminal se permite.

Se ha hablado muchas veces del Primer Comando, sobre todo cuando se ha pisado su terreno con programas de erradicación de la pobreza o de recuperación de armas ilegales en manos privadas, pero no se esperaba una reacción tan brutal. El escenario de la situación es el Estado de Sao Paulo, el vigoroso territorio industrial del Brasil dinámico que, sin embargo, combina un creciente progreso material con una desestructuración social clamorosa. Que el hampa haya alcanzado tal implantación se explica justamente porque estos cárteles mafiosos proveen a sus miembros de una red de asistencia que cubre las carencias del propio Estado en las barriadas marginales e incluso les da ciertas garantías económicas. No es de extrañar así que su lealtad esté asegurada a prueba de cargas policiales.

La crisis ha rebasado ya la pura dimensión del orden público y así lo acredita la polémica que se ha suscitado entre diversos factores sociales y económicos en la gran metrópoli y, sobre todo, entre autoridades federales y estatales. El popular ex gobernador, Geraldo Alckmin, adversario del presidente Lula, ha entrado de lleno en el debate y lo ha politizado, lo que augura una pésima dinámica en la resolución del conflicto. En primera instancia las autoridades no tienen más remedio que establecer el orden, acabar con los motines carcelarios y cumplimentar el programa de dispersión de presos peligrosos. Pero a medio plazo también deberán ponderar el conjunto de factores que han hecho posible una situación de tamaña emergencia social, impropia de un país cuyo peso en el mundo crece cada día.