Estafados sin red

Las palabras de aliento a los perjudicados pronunciadas ayer por la vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega reflejan perfectamente la magnitud que el escándalo de Fórum Filatélico y Afinsa está cobrando cada día que pasa. La vicepresidenta aseguró ayer que el Gobierno «va a ser sensible» a la posibilidad de adoptar medidas para aquellas economías más precarias que se resientan en el transcurso del tiempo que se prolongue el proceso judicial. Es evidente que el Ejecutivo socialista se encuentra sometido a una enorme presión que irá en aumento según se vayan desvaneciendo las esperanzas de recuperación del dinero comprometido por casi 400.000 españoles. Pero siendo realistas, el Estado tiene por el momento poco que ofrecer a los afectados, a parte de las ayudas materiales en la defensa procesal y cierta cobertura de apoyo a través de la colaboración de las esferas administrativas, lo que ya ha abierto un interesante debate sobre los límites y las responsabilidades del Estado.

La oferta de las sociedades intervenidas era, desde luego, tremendamente atractiva, puesto que estas empresas ofrecían rentabilidades elevadas y seguridad absoluta; algo imposible de conciliar. La menor rentabilidad la ofrecen siempre los emisores de deuda más seguros, como son los Estados soberanos y ricos. A partir de ahí, cualquier incremento de rentabilidad comporta obligatoriamente riesgos; calcularlo y evaluar sus probabilidades son obligaciones que nadie puede obviar a la hora de determinar el destino de sus inversiones.

Que la actividad que desarrollaban ambas sociedades estaba insuficientemente regulada, es obvio, como lo es que el anuncio del Gobierno de futuras actuaciones en la materia no servirá para calmar los ánimos de quienes pueden haber perdido los ahorros de toda una vida. Ahora bien, siendo cierto que el Estado debe tener en cuenta que traspasar ciertas fronteras incurriría en situaciones de manifiesta injusticia comparativa no lo es menos que el hecho de que el fraude se haya producido a lo largo de más de un cuarto de siglo, como mínimo, permite intuir que las autoridades no han estado especialmente acertadas. Esta posibilidad, la de la responsabilidad patrimonial, es la que en sucesos anteriores -en los procesos contencioso-administrativos posteriores al enjuiciamiento penal de los verdaderos responsables- ha permitido resarcir a los damnificados de la insolvencia de los condenados o de la negligencia del Estado en el cumplimiento de sus atribuciones. Pero eso llevará su propio tiempo.