Empieza la reforma

La aprobación por el pleno del Congreso del proyecto de ley de Reforma de RTVE constituye un indudable avance en el saneamiento y la configuración de un nuevo modelo de radio y televisión pública más racional, mejor dimensionado y algo más orientado a un objetivo de servicio público. En ese sentido, sería injusto no reconocer el importante paso adelante dado por el ejecutivo de Rodríguez Zapatero en una reestructuración largamente postergada en diferentes legislaturas con gobiernos de distinto signo. El nuevo capítulo que se abrirá en la historia de las radiotelevisión pública española a partir de la aplicación de la nueva ley estará caracterizado por la transformación del ente en una corporación estatal sometida a las leyes que regulan las sociedades anónimas, el adelgazamiento global de su estructura, el sometimiento de su gestión a un mandato y un programa marco en el que se concretarán su financiación y sus objetivos de servicio público y la elección de sus administradores por parte del Parlamento. De forma paralela al impulso del nuevo modelo tendrá lugar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de RTVE que está siendo negociado entre los sindicatos del Ente Público y la SEPI, cuyo desenlace es fundamental para conocer la dimensión y la definición final de un modelo sobre el que todavía debe concretarse igualmente su estructura de financiación, la vinculación de sus contenidos con los objetivos públicos y la vocación de independencia profesional de sus administradores. El hecho de que la nueva ley siga manteniendo en vigor la política de la doble financiación sin que se haya concretado todavía la cuantía de la reducción en la emisión y en los ingresos de la publicidad, permite que siga presente la sombra de un modelo que durante muchos años ha distorsionado la libre competencia en todo el sector audiovisual. De otro lado la aprobación de una enmienda en el Senado sobre el nombramiento del presidente de la Corporación RTVE en el Congreso por mayoría absoluta cuando no se hubiera alcanzado un acuerdo durante dos meses también ha rebajado las expectativas de lograr un modelo de gestión profesional, independiente y no sometido al poder político de turno. Cuestiones ambas que deberían ser resueltas por el Gobierno, ya que son fundamentales para la configuración de un modelo público de radio y televisión eficiente, racional y homologable con el de los países más avanzados de nuestro entorno.