La investigación oficial del 7-J exculpa a los servicios de seguridad británicos

Los cuatro autores del atentado del pasado julio en la red de transporte público de Londres, que acabó con la vida de 56 personas, incluidas las de los terroristas, y causó heridas a otras 700 financiaron la masacre con sus propios fondos.

El alquiler de coches, la compra y confección de los explosivos, les costó unos 12.000 euros. Vivieron en vísperas del atentado vidas casi normales. A los que fabricaron las bombas sus familias les veían un cabello más claro. Es el cloro de las piscinas, dijeron. Uno de ellos jugó un partido de críquet en el atardecer del 6 de julio. Fue a casa, pidió a su madre una bolsa para meter algo de ropa y se fue a morir y matar en Londres.

El único que tuvo un comportamiento extraño en las semanas previas fue Jermain Lindsay, el hijo de una mujer jamaicana, que se convirtió al islam en su itinerario de relaciones matrimoniales quebradas. Lindsay le siguió en el camino de la religión, pero antes del atentado se metió en trifulcas, tuvo una amante, dejó de rezar con su mujer, una chica de Irlanda del Norte que también se convirtió al islam. Y pagó con cheques sin fondos los regalos, los pañales, que dejó como herencia a sus dos hijos.

Los cuatro tenían simpatías hacia Al Qaeda y la guerra de Irak les radicalizó aún más. Sidiqui Khan, el mayor de ellos, entabló la conexión con los dirigentes de la red terrorista en Pakistán, donde él y otro de los terroristas estuvieron entre noviembre de 2004 y febrero de 2005.

Cuando regresaron a Leeds, mantuvieron un contacto regular con alguien en Pakistán. No ha sido identificado. Al menos eso dice el informe presentado ayer por el Gobierno británico, en el que se ofrece el relato oficial condensado de las investigaciones de la Policía y de los servicios de espionaje.

Tomaron muchas precauciones en los contactos con esa persona para que la relación no resultara sospechosa, dice el informe, que recuerda que Khan también había viajado a Pakistán y a la frontera con Afganistán en 2003.

El Comité de Inteligencia y Seguridad del Parlamento, que ha entrevistado a puerta cerrada a los responsables de Interior y de los servicios, analiza en su informe, también publicado ayer, si los datos que se conocían anteriormente hubiesen permitido la neutralización de la trama.

Información insuficiente

El comité no ofrece suficiente información como para emitir un juicio independiente. Dice que los servicios de seguridad tenían archivado un número de teléfono de Lindsay. Que los nombres de Khan y de Shehzad Tanweer estaban también en las carpetas. Particularmente el de Khan, que apareció en el radar de los servicios como consecuencia de una investigación, en 2004, sobre una trama para atentar en Reino Unido.

Pero era un personaje periférico en aquella trama y los servicios decidieron que la mejor aplicación de recursos era concentrarlos en desmantelar aquela trama. Y luego nadie reavivó el interés por Khan.

El informe parlamentario no achaca negligencia profesional a nadie. Y como el oficial, ahonda la creencia de que unos jóvenes musulmanes, alentados por la situación del mundo y aguzados por la creencia de que el martirio ofrece una perfección de la fe, pueden inmolarse y matar sin que el Estado pueda siempre evitarlo.

Los parlamentarios analizan también por qué el grupo de análisis conjunto del terrorismo, JTAC, que agrupa a todos los servicios, rebajó en mayo el nivel de alerta de general severa a sustancial. Lo hizo porque ya no había noticia de tramas terroristas. Pero el documento señala que el cambio de alerta en realidad no afectó en la práctica a las medidas de seguridad. En consecuencia, recomienda que se revise el sistema para que las alertas no sean una mera cuestión de léxico.

Algunos familiares de las víctimas y políticos de la oposición no se dan por satisfechos y piden una investigación independiente.