Un Estatuto para el siglo XXI

La reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía es fruto de la decisión de los andaluces, que apoyaron de forma muy mayoritaria el programa electoral socialista, en el que este compromiso ocupaba un lugar preferente. Todas las fuerzas políticas, salvo el PP, incluían esta medida en sus propuestas programáticas.

Andalucía ha sido la primera comunidad en plantear la reforma de su Estatuto, por delante de Cataluña y el País Vasco. En el año 2001 el presidente Chaves lanzó la idea en el Debate sobre el Estado de la Comunidad y en diciembre de 2003 presentó en el Parlamento un documento con las Bases para la Reforma del Estatuto de Autonomía.

La mayor parte de las organizaciones políticas, económicas y sociales han considerado necesario adaptar el Estatuto a los cambios producidos en los últimos 25 años en Andalucía: entrada en la Unión Europea, inversión del saldo migratorio, los cambios tecnológicos que alumbran la sociedad del conocimiento, el tránsito de una sociedad rural y agraria a urbana e industrial y de servicios, etc.

El Estatuto de Autonomía ha favorecido la convivencia, el desarrollo político, económico y social y la recuperación de la autoestima de los andaluces, pero ahora necesitamos abordar el siglo XXI adaptándolo a los objetivos que nos plantea el reto de la Segunda Modernización de Andalucía.

Hemos aprobado un Estatuto de máximos, con el máximo respeto a la Constitución, respaldado por el Consejo Consultivo de Andalucía y que recoge el sentimiento mayoritario de los andaluces cuando manifiestan sentirse plenamente españoles, sin ningún tipo de complejo. Por ello es legítimo preguntar: ¿quién teme a Andalucía?, ¿quién cree que desde Andalucía se va a romper España?

El proceso de reforma ha sido muy abierto y participativo, con un gran número de comparecencias en el Parlamento, de todo tipo de interlocutores económicos, sociales e institucionales, que han presentado numerosas sugerencias y propuestas incorporadas al texto.

Durante los más de diecinueve meses que han durado los trabajos de reforma en el parlamento, se ha buscado el máximo consenso, frente a quienes se han dedicado a entorpecer, a retrasar, a intentar que no tengamos un nuevo Estatuto en la presente legislatura. Fiel al rechazo de cualquier reforma de los estatutos de autonomía y subordinado a la estrategia de su dirección central, el PP se ha autoexcluido del consenso, como ya hicieron el 28 de febrero de 1980, con las mismas posiciones inmovilistas, centralistas e intransigentes.

En el articulado del Estatuto, Andalucía se define como «nacionalidad histórica», mientras que en el Preámbulo aparece la expresión «realidad nacional», incorporando una propuesta de Manuel Clavero Arévalo, presidente de la plataforma Andaluces Levantaos, cuyos componentes han tenido un significado protagonismo en el debate de la reforma.

Andalucía sigue aspirando a lo máximo, «ni más que nadie ni menos que nadie», dentro de la nueva configuración del modelo territorial y fiel a la voluntad manifestada por los andaluces el 28 de febrero de 1980, que nos permitió acceder a la autonomía por la vía del artículo 151 de la Constitución.

La firme decisión política del pueblo andaluz, expresada en acontecimientos como las manifestaciones del 4 de diciembre y el referéndum del 28 de febrero, cambió el modelo previsto por los constituyentes y permitió ampliar las cuotas de autogobierno al conjunto de las comunidades autónomas.

Andalucía no tuvo Estatuto de autonomía en la República, porque el golpe de estado interrumpió su aprobación cuando ya estaba en marcha, y ha sido la única comunidad española que ha tenido que aprobar en referéndum su derecho a la autonomía plena.

Tenemos derecho a que el nuevo Estatuto recoja el máximo nivel de competencias, que permita el máximo nivel de autogobierno, y no aceptaremos ningún agravio comparativo con ninguna comunidad autónoma. No es aceptable que quienes pronosticaban que Andalucía quedaría por debajo del nivel de competencias del Estatuto de Cataluña, nos descalifiquen ahora por un Estatuto Andaluz equiparable en todos sus términos.

Estamos ante una profunda reforma, que apuesta por incrementar el autogobierno y la protección social de los andaluces, con una clara vocación progresista en el objetivo de consolidar las libertades públicas, la igualdad y la justicia, a través de la mejora de la calidad de la democracia, de la defensa del interés general y del compromiso con un modelo de desarrollo sostenible.

La reforma del Estatuto incorpora nuevos objetivos de singular relevancia social, en relación con: la transversalidad de género, el uso sostenible de los recursos naturales, la convergencia con el resto de España y con la Unión Europea, la incorporación a la sociedad del conocimiento, la cohesión social y el bienestar público, la inmigración y las minorías étnicas, la consolidación de una democracia social avanzada y la cooperación internacional.

El texto aprobado incorpora nuevos títulos específicos sobre: los «nuevos derechos sociales» para dar cobertura a los sectores más desprotegidos, la «organización territorial de la comunidad autónoma» que sitúa en primer plano a los municipios y regula la delegación de competencias hacia ellos por parte de la comunidad autónoma, y el título dedicado al «medio ambiente» en el que se realiza un mandato a los poderes públicos a favor del desarrollo sostenible y la calidad ambiental.

En materia económica los objetivos de la reforma del Estatuto son: el pleno empleo, la calidad en el trabajo y la igualdad en el acceso al mismo, la cohesión social, la distribución de la riqueza y la prevalencia del interés general. Por otra parte, se pretende aumentar la autonomía y suficiencia financiera en un marco de solidaridad, por lo que se crea un espacio fiscal propio, con una agencia tributaria responsable de la gestión, inspección y recaudación de los tributos de la comunidad y de los cedidos por el estado, mientras que un consorcio con la administración tributaria del estado llevará a cabo una gestión compartida del resto.

Las relaciones externas en el nuevo Estatuto descansan en los principios de colaboración, cooperación, lealtad institucional y mutuo auxilio, creando un órgano bilateral como marco general de relación de Andalucía con el Gobierno Central, contemplando además la participación de Comunidad Autónoma en la conformación de la voluntad del Estado ante la Unión Europea y la participación en sus instituciones.