La puesta en marcha de la Comisaría de Policía Nacional se demora hasta 2009

«La Dirección General de la Policía impulsará las actuaciones necesarias para la creación efectiva y formal de la Comisaría Local de Chiclana de la Frontera, así como para la asignación de los recursos humanos y de los medios materiales que se precisen, en particular la construcción de edificio para la misma, de manera que pueda entrar en funcionamiento en un plazo estimado de tres años».

Así de rotunda es la cláusula primera del convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la Secretaría de Seguridad y Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado, dependiente del Ministerio de Interior. El párrafo no deja lugar a dudas y mantiene que el nuevo equipamiento en materia de seguridad no entrará en funcionamiento antes de tres años.

Esta noticia llega después de que el ex ministro de Interior, José Antonio Alonso, argumentara que no existe aún una partida específica en los presupuestos para la creación de la Comisaría en Chiclana. Aún así, lo cierto es que el convenio, que podría ser firmado por el alcalde y el responsable de la Dirección General de la Policía por separado ante los constantes problemas de agenda del responsable de la Administración central, supone un paso decisivo para dotar a la ciudad de este equipamiento de seguridad.

Así, el Consistorio chiclanero se ha comprometido a elaborar en los seis meses siguientes a la firma del acuerdo el proyecto de ejecución del edificio que albergará en un futuro la Comisaría. Para el proyecto, además, pondrá el suelo, y cederá una parcela de 1.844,10 metros cuadrados de extensión donde antiguamente se ubicada el matadero.

Supervisión

Previamente, la Dirección General de la Policía debe remitir a la ciudad un «programa de necesidades» sobre el que habrá de elaborarse un proyecto de sede de Comisaría que financiará la propia Dirección. Una vez concluido, «el proyecto de ejecución y el estudio de seguridad y salud de las obras de construcción del nuevo edificio será revisado por los servicios técnicos de la Dirección General de la Policía y por la Oficina de Supervisión del Ministerio del Interior», en tanto que el Ayuntamiento se compromete también a realizar por su cuenta el estudio geotécnico del suelo y el estudio de seguridad y salud.

Cuando quede ratificado el convenio y el proyecto esté culminado, será la propia Dirección General la encargada de «tramitar los expedientes administrativos para su contratación, dentro de su programación para inversiones y en los términos y condiciones previstos por la legislación presupuestaria y de contratación del Estado».

Este convenio de colaboración entre los dos organismo, con «algunas modificaciones formales de redacción», fue ratificado por la Junta de Gobierno local, celebrada el 25 de abril.