Atados a una vivienda

Comprar una vivienda por 180.000 euros y encontrarse con su precio actual es menos de la mitad. Ese es el problema con el que se están encontrando numerosos propietarios de VPO de la provincia de Cádiz, un fenómeno que se repite en toda Andalucía como consecuencia, afirman estas personas, de la nueva Ley de VPO de la región. Una ley que ha puesto en pide de guerra a los propietarios, agrupados en una asociación de corta vida pero muy activa, que ha utilizado Internet como herramienta fundamental para reclamar sus derechos.

La portavoz en Cádiz de esta plataforma, María Luz Rojo, detalla el conflicto. «Muchas personas que estaban embarcadas en la venta de su casa y que ya contaban con una hipoteca para pagar la nueva se encuentran que ahora deben afrontar dos hipotecas porque no pueden vender la protegida». Y pone el ejemplo, uno entre muchos, de un militar que vive en San Fernando y que no puede trasladarse a Jerez porque no le autorizan a vender su vivienda, mientras tiene que pagar una hipoteca de 1.500 euros mensuales.

Rojo acusa a la Junta de no cumplir su promesa de mirar cada caso para evitar estas injusticias. La ley pone muchos problemas para vender las propiedades y ha aumentado el plazo mínimo de ocupación de 5 a 15 años, además de infravalorar el coste de las reparaciones. A esto se suma la táctica de los compradores originales de reflejar un precio en las escrituras inferior al que se pagó por la casa, una práctica muy habitual en España para la que se utiliza dinero negro.

David Molina es, junto con Roque Navarro, el coordinador de la plataforma en Guadalcacín, donde 500 de las 1.500 casas del pueblo son de protección oficial. Molina asegura que en su pueblo «hay de todo, desde el que no tiene pensamiento de vender como el que se ha encontrado con que su casa tiene siete años y no la puede poner en el mercado».

Según el coordinador, Guadalcacín cuenta con 100 viviendas de 1984 (que no tendrían problemas en ser vendidas al tener más de 15 años), 220 de 1997, 110 de 1998 y 48 de 2004. 330 de ellas pertenecen a una urbanización que se construyó en dos fases. Excepto las de 1984, las demás no podrían ser vendidas según la Ley, aunque la Junta aseguró que se estudiaría cada caso por separado. En la actualidad está en discusión el reglamento de la Ley, pero desde la asociación se quejan de que no contempla ninguna medida para estos propietarios.

En el caso de David, cuenta con una casa unifamiliar de 70 metros cuadrados de promoción privada en régimen especial, con tres habitaciones, un salón, una cocina y un aseo. «Yo recibí una subvención de 7.800 euros que no me dejan devolver ni con intereses», se queja, al tiempo que asegura que el problema afecta «a todos porque se está devaluando a la mitad la única propiedad importante de estas familias».

Cada particular cuenta con una historia. «Hay personas con problemas cardiacos en La Granja, que viven en un tercero sin ascensor y que no pueden irse», apunta, al mismo tiempo que lamenta que la Junta crea que son «tan pobres» que no pueden ni siquiera hacer arreglos en las casas, unos arreglos que no son apenas tenidos en cuenta en la reventa.

La plataforma criticó además que este año haya bajado un 7,2% la construcción de vivienda protegida en Andalucía, algo que califican de «tendencia continuada desde hace muchos años»,