Nula firmeza

Cada vez queda más patente que el Gobierno español no sabe cómo reaccionar ante la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia. A pesar de que el nuevo presidente Morales había anunciado desde hace tiempo esta medida, el Ejecutivo español esperaba que no pasase, en aras de la buena sintonía personal y política entre los dos jefes de Gobierno. Ayer el Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Bernardino León, tuvo que enfrentarse en La Paz a la dura realidad de una política de hechos consumados. Primero se nacionaliza sin respeto a las propias leyes sobre expropiación y luego se ofrece diálogo y negociación, una vez que el Ejército boliviano controla las refinerías y éstas son propiedad pública de facto. Para Repsol y las demás empresas españolas presentes en Bolivia, la situación es nefasta porque sus cuantiosas inversiones pueden perderse en poco tiempo.

El contraste de las reacciones española y brasileña ha sido elocuente. Brasil es el otro país gravemente perjudicado por la nacionalización boliviana, sin embargo, su presidente, Lula da Silva, ya se ha entrevistado y ha hablado varias veces con Evo Morales para advertirle de las consecuencias negativas de sus actos. La empresa de petróleo brasileña, junto con su disposición de dialogar, ha planteado claramente la posibilidad de acudir a los tribunales para lograr reparar el daño causado, de acuerdo con las leyes bolivianas e internacionales.

Una vez confirmadas las intenciones del nuevo Gobierno boliviano ya no caben excusas para no concertar con Brasil una sólida defensa común y condicionar la ayuda al desarrollo o la condonación de la deuda a Bolivia a una solución satisfactoria. Pero el Gobierno de Zapatero, cogido con el pié cambiado, sólo habla de «agotar las vías diplomáticas», «mantener la lealtad y la confianza para la negociación y el diálogo» y de «reiniciar una buena relación» con el Gobierno boliviano, después de «un problema puntual». El ministro Montilla incluso ha defendido el derecho del Gobierno boliviano a actuar de este modo y parece olvidar que este tipo de «nacionalizaciones», sin base jurídica alguna, no dañan sólo los intereses de las multinacionales y de los países a las que pertenecen, sino también, y sobre todo, el de los propios ciudadanos de Bolivia. Y es que la forma tan arbitraria con la que ha sido realizada envía a los inversores extranjeros y a los bancos internacionales, esenciales para el desarrollo de cualquier país, un irrefutable mensaje de inseguridad jurídica que no tardará en pasar factura al crecimiento económico boliviano.