Una medida sin precedentes en la provincia por su magnitud

El Puerto, Chiclana, Tarifa, Conil o Sanlúcar tiene problemas similares con la edificación ilegal. Pero ninguna de ellas se enfrenta a él con la determinación que está poniendo el consistorio chiclanero en los últimos meses para acabar con el problema de raíz.

Así, a las peticiones de colaboración al Registro de la Propiedad y los notarios para que paralicen la concesión de proindivisos y no escrituren las parcelaciones ilegales en su nacimiento, se suman en los últimos cuatro meses otros tres convenios, con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para garantizar la dotación de servicios y la construcción de la red de saneamiento y depuración en dichas zonas, con los colegios oficiales de aparejadores y arquitectos para facilitar la elaboración a un menor coste de los proyectos de urbanización de las viviendas, y con la compañía suministradora Sevillana-Endesa para la dotación de fluido eléctrico legal al extrarradio.

En ese contexto se inserta precisamente el nuevo acuerdo marco con Unicaja. Con él el Ayuntamiento de Chiclana trata de que los propietarios que quieran regularizar su casa encuentren más facilidades para afrontar el pago de los entre 20 y 50 euros de media que costará urbanizar cada metro cuadrado en algunas zonas.

La salvedad en esta ocasión es que se trata del primer convenio «por magnitud», como el propio presidente de Unicaja reconocía ayer, que se firma en la provincia de Cádiz. No hay que olvidar que «detrás de esas viviendas irregulares» de las que se habla (buena parte son segundas residencias) se encuentran los rostros y las personas de los chiclaneros que las habitan.