Bolivia y España acuerdan negociar la nueva situación de Repsol YPF

Los gobiernos de Bolivia y España van a negociar la situación en que se encuentra la petrolera Repsol YPF tras la nacionalización de los hidrocarburos que ha dispuesto por decreto el Ejecutivo boliviano. Así lo anunció ayer el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Bernardino León, tras la entrevista de casi tres horas que la misión española desplazada a La Paz mantuvo con el presidente Evo Morales.

El Gobierno español considera que «hay buena sintonía» con Bolivia -país al que calificó de «amigo» y «hermano»- y reiteró el deseo de agotar la vía diplomática en el conflicto, amparándose en las promesas de «confianza» y «lealtad» de las autoridades de La Paz. Según el representante de Exteriores, el Ejecutivo andino se comprometió a garantizar la «seguridad jurídica y la rentabilidad» para las inversiones de la petrolera, a través del proceso de negociación que ahora se abre para que la empresa hispano-argentina pueda «seguir trabajando» en Bolivia. «Ha sido una reunión franca, cordial y positiva donde se han abordado a fondo todos los temas que afectan a la relación bilateral», explicó.

León añadió que desde ahora se «inicia un diálogo que afectará a ambos gobiernos y a las dos empresas» (Repsol YPF y la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) y que se desarrollará «al más alto nivel».

Plazo

Según León, el plazo abierto al diálogo coincide con el periodo transitorio de 180 días que el decreto gubernamental establece para la renegociación de los contratos. España «respeta la decisión adoptada por el Gobierno de Bolivia», dijo el secretario de Estado de Exteriores. Una decisión que es «irreversible», tal y como ratificó el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, al término de la reunión de la misión española.

El dirigente boliviano anunció, no obstante, el compromiso de Morales de ofrecer a los inversores «reglas estables y duraderas», mediante la aprobación en el Congreso de los nuevos contratos que las petroleras suscriban con el Estado, lo que no había sucedido hasta ahora. Garantizó seguridad jurídica para las compañías, al reseñar que «no se van a cambiar los términos referenciales de los acuerdos de aquí a un año». Y prometió «rentabilidad a la inversión» mediante la ejecución de auditorías especiales, aunque subrayó que «el tiempo de las ganancias excesivas y extraordinarias se acabó».

Conocer el detalle de la nueva legislación, apurar al máximo las opciones del diálogo y recurrir, en último extremo, a los tribunales, es la pauta que se han marcado las autoridades y empresas españolas ante la nacionalización.

La vicepresidenta primera del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, y el secretario de Estado de Economía, David Vegara, aludieron, con todas las cautelas, a las acciones posibles por parte del Ejecutivo y de las compañías. «Mantenemos la esperanza de que no será necesario recurrir a las medidas jurídicas porque nuestra opción primera es agotar la vía de la negociación política y diplomática», dijo De la Vega. En Bruselas, Vegara fue algo más concreto, al reconocer que las empresas afectadas pueden invocar ante los tribunales el acuerdo de protección de inversiones suscrito entre el Reino de España y Bolivia.

Nada que temer

El ministro boliviano de Planificación, Carlos Villegas, declaró a la cadena Ser que otras empresas españolas presentes en Bolivia -como las eléctricas Iberdrola, Red Eléctrica de España y Unión Fenosa o las que desarrollan su actividad en otros sectores- no tienen nada que temer. Al margen de los hidrocarburos, «en todas las otras inversiones o sectores se da plena seguridad jurídica, no habrá modificaciones, no habrá cambios de ninguna naturaleza», aseveró el ministro boliviano. Además, aseguró que las petroleras extranjeras «conservarán un margen de ganancia del 20%».