Gobierno y agentes sociales cierran el acuerdo sobre la reforma laboral

Ahora sí. Los agentes sociales y el Gobierno llegaron ayer a un acuerdo sobre la reforma laboral que el Ejecutivo quiere aprobar mediante un Real Decreto Ley que entrará en vigor el próximo 1 de julio, confirmaron fuentes de la negociación. Este acuerdo, que llega tras catorce meses de negociación, será suscrito, previsiblemente, el próximo 9 de mayo en el Palacio de La Moncloa por el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, y los máximos dirigentes de los sindicatos CC OO y UGT y de las patronales CEOE y CEPYME.

Los ejes de la reforma son apoyo al empleo fijo, uso adecuado de la contratación y un servicio público de colocaciones eficaz, según el documento de 15 páginas que los tres interlocutores redactaron a última hora de ayer. En resumen, los cambios reestructurarán el sistema de bonificación al empleo, limitarán el encadenamiento de contratos temporales y reforzarán los efectivos de la Inspección.

El pacto está destinado en especial a los trabajadores pero como contrapartida por su lucha por un empleo de calidad, los empresarios tendrán premios. Sus costes laborales se rebajarán vía cotizaciones sociales e indemnizaciones de despido. Y el Gobierno mejorará su imagen al demostrar que ha sido capaz de casar los intereses de los sindicatos y de las patronales.

Millones de beneficiarios

De momento, todos los interlocutores rehusan cuantificar los resultados, pero de manera extraoficial todos coinciden en señalar que los beneficiarios pueden llegar a millones de trabajadores, actualmente en precario.

El primer bloque recoge la posibilidad de transformar contratos temporales en otros de fomento del empleo fijo -con una indemnización por despido de 33 días en vez de 45- siempre que los primeros se hayan realizado antes del 31 de diciembre de 2007; y un nuevo programa de bonificaciones para la contratación indefinida de mujeres, jóvenes, mayores de 45 años, parados inscritos durante al menos seis meses, discapacitados, trabajadores en situación de exclusión social, víctimas de violencia de género y mayores de 65 años. Estas ayudas van desde los 800 euros hasta los 1.200, salvo en el caso de las personas con discapacidad que se elevan a 3.000 euros. De manera extraordinaria tendrá bonificación la conversión en fijos de los temporales realizados antes del 1 de junio de 2006, siempre que la transformación se efectúe antes del 1 de enero de 2007.

También incluye la reducción de las cotizaciones empresariales por desempleo de los contratos indefinidos, en 0,25 puntos desde el 1 de julio de 2006 y en 0,50 desde el 1 de julio de 2008; y del actual tipo de cotización al Fondo de Garantía Salarial.

El segundo grupo aborda el encadenamiento de contratos y recoge que todo trabajador que realice con colocaciones temporales durante dos años, en un periodo de 30 meses, una misma actividad dentro de una empresa pasará a ser indefinido; la modificación de los contratos para la formación, y de inserción; y dota de mayor regulación a las contratas y subcontratas, así como de mayor representatividad sindical. Este apartado refleja el reforzamiento de la Inspección con un total de 904 inspectores y 923 subinspectores para finales de 2007 y 954 y 968, respectivamente, para 2008.

El tercer apartado se refiere a las políticas activas y a la implantación de unos Servicios Públicos de Empleo eficaces. Contempla la extensión del subsidio de paro de seis meses a los mayores de 45 años, hecho considerado como una nueva prestación; considera la renta activa de inserción como un derecho subjetivo y con cotización a la Seguridad Social; mejora de la protección por desempleo para los fijos discontinuos. Estas medidas también apuestan por una cobertura más positiva para los socios de cooperativas.

Igualmente este capítulo mejora la prestación concedida por el FOGASA, al elevar la cuantía, el numero de días máximo de salario, la parte proporcionar de las pagas, etc. Además, se incluirán entre las indemnizaciones protegidas por este Fondo las debidas por finalización de los contratos temporales.

Los firmantes de la reforma constituirán una comisión para el seguimiento y evaluación del acuerdo. Por último, el Gobierno se compromete a adoptar las disposiciones necesarias para dar ejecución a las medidas incluidas en el pacto con la mayor urgencia posible.