Zapatero descarta represalias económicas en el conflicto con Bolivia

La situación es delicada, pero no habrá represalias económicas. España va a intentar resolver por la vía política y diplomática el «problema» de las empresas españolas afectadas por la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia, según aseguró el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Tras hablar con las sociedades españolas, el Gobierno se ha ofrecido a desempeñar el papel de intermediación que las compañías le habían solicitado.

Mientras tanto, Repsol YPF sufre en Bolsa las consecuencias del anuncio de Evo Morales: las acciones cedieron el 1,32%, para cerrar a 23,22 euros, en una jornada bajista en la que el Ibex 35 retrocedió el 0,44%. Los inversores penalizan la incertidumbre y, sobre todo, el recorte de expectativas de crecimiento que para la petrolera española supone la nueva situación.

Zapatero aseguró ayer que no habrá medidas económicas contra el país andino, ni recortes de la ayuda al desarrollo, porque el Gobierno conoce las necesidades del pueblo boliviano y no quiere truncar su horizonte de esperanza. Recordó que ahora se abre un plazo de 180 días para que las empresas negocien la nueva situación.

En este mismo sentido, el secretario de Estado de Asuntos exteriores, Bernardino León, manifestó la confianza de que el proceso pueda reconducirse. «Lo que conocemos no pinta bien, pero esperamos que el proceso pueda permitir a las empresas mantenerse en Bolivia de una manera razonable», declaró Bernardino León, quien puntualizó que ahora la «pelota está en el tejado boliviano».

Una delegación española política y técnica de alto nivel viajará a Bolivia para conocer el alcance del decreto de nacionalización y mantener contactos con el presidente Evo Morales y otros responsables. Este encuentro fue concertado en conversación telefónica que mantuvo, en la madrugada de ayer, el ministro de Asuntos Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos -que no formará parte de esta misión, según fuentes diplomáticas- , con el presidente de Bolivia.

En la conversación telefónica, el presidente boliviano aseguró al responsable de la diplomacia española «no es expulsar ni rechazar» a las empresas extranjeras que operan en el sector de hidrocarburos. Por su parte, Moratinos transmitió a Morales «la firmeza y preocupación» con la que afronta el Ejecutivo español su anuncio de nacionalización.

Los secretarios de Estado de Comercio, Economía y Exteriores, reunidos en Moncloa con el jefe de la Oficina Económica del presidente del Gobierno, Miguel Sebastián, empezaron a preparar el viaje durante la tarde de ayer. Zapatero tendrá ocasión de conversar con Evo Morales en Viena, durante la VI cumbre Unión Europea-Latinoamérica que se celebrará la próxima semana.

El jefe del Ejecutivo español, tras el acto conmemorativo del 75 aniversario de la constitución del Sindicato de Enseñanza de UGT, comentó a los periodistas la extrañeza que le ha causado no la decisión de Evo Morales -la nacionalización ya estaba en su programa electoral, de lo que el Gobierno y las empresas españolas eran conscientes- como el momento y las formas en que se ha producido.

Condonación de la deuda

Zapatero descartó de plano que España vaya a tomar represalias. Cuando Morales visitó España el pasado enero, se anunció la condonación de una parte sustancial de la deuda de 99 millones de euros que Bolivia mantiene con España, una medida de gracia que ahora no se pondría en cuestión. Los bolivianos que necesitan encontrar salidas seguirán teniendo a España de su lado «más allá de un conflicto puntual», según las manifestaciones del presidente del Ejecutivo.

El Gobierno español defenderá que Repsol pueda continuar con su trabajo y seguir obteniendo beneficios de su actividad en Bolivia, dijo Zapatero, que propuso esperar y ver la posición y en que condición de socio se queda la petrolera.

Apuesta por el diálogo

Prácticamente en los mismos términos se expresó el ministro de Industria. José Montilla insistió en apostar por el diálogo, y trasladó a las empresas implicadas el mensaje de que «el Gobierno de España defenderá sus intereses». En los próximos seis meses, añadió, «habrá tiempo para cerrar un acuerdo que preserve los intereses legítimos de las empresas españolas del sector energético» y los haga compatibles con los de Bolivia, «un Estado soberano donde hay una población en dificultades».

En parecida línea se manifestó el encargado de negocios de la embajada de Bolivia en España, Álvaro del Pozo, quien aseguró que «lo que menos quiere el Gobierno de Evo Morales es crear condiciones de inseguridad y ahuyentar las inversiones». «El decreto pretende reordenar el proceso de actuación de la empresa extranjera en Bolivia a través de un nuevo ordenamiento que recoge la voluntad de un pueblo de recuperar sus recursos», añadió.

Según Del Pozo, en el plazo abierto para la renegociación de los contratos «se podrá encontrar un camino donde puedan coincidir los intereses de las empresas españolas con los de los ciudadanos bolivianos». Subrayó además que su Gobierno no desea dañar la relación con un país amigo como es España.

La oposición política española, muy crítica con la acción exterior del Gobierno de Rodríguez Zapatero, ha intensificado su censura. El PP ha pedido la urgente comparecencia en el Congreso de Montilla y Moratinos para dar explicaciones de las repercusiones que tendrá la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia.