Inhabilitación y un año de cárcel para el andalucista Prats por el 'Caso Ramel' de Sanlúcar
El político y la resto de imputados quedan absueltos de la acusación de detención ilegal al que fuera alcalde Juan Rodríguez
Actualizado: GuardarEl candidato a la Alcaldía de Sanlúcar de Barrameda ( Cádiz ) y ex delegado de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía en Cádiz, Antonio Prats (PA), fue condenado a un año de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo de concejal por su implicación en el Caso Ramel.
La sentencia dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz condena a Prats como autor de un delito de atentado contra agentes de la autoridad. Igualmente, condena por los mismos hechos a Manuel Ahumada, concejal de Sanluqueños Independientes cuando ocurrieron los hechos.
En cuanto al delito de coacciones, detención ilegal y desórdenes públicos, los siete imputados (seis ediles del Ayuntamiento sanluqueño y una sindicalista) fueron absueltos. Igualmente, también fueron absueltos Antonio Prats, Manuel Ahumada y Francisco Odero de los delitos de lesiones a la persona del entonces alcalde, Juan Rodríguez (PP), y a agentes de la Policía Local.
Los hechos ocurrieron en marzo de 2001 tras una sesión plenaria en el Ayuntamiento de Sanlúcar convocado para intentar solucionar un conflicto laboral de la empresa Ramel (de limpieza). El conflicto comenzó cuando el alcalde Juan Rodríguez, anunció a los ediles de la oposición, sindicalistas y trabajadores de la propia empresa que una comisión que estaba prevista constituir, acordada en el Pleno que se acababa de celebrar, no se haría hasta días más tardes.
Encierro en el despacho
Después, el primer edil se encerró en su despacho junto a otra concejal del PP (ahora alcaldesa), Laura Seco. Finalmente, allí estuvieron durante la madrugada, produciéndose altercados entre los ediles y la propia Policía Local, según consta en una denuncia en la que se acusaba al andalucista Antonio Prats de empujar y golpear a un agente. Finalmente, el primer edil salió por la mañana de su despacho escoltado por la Policía.
El alcalde denunció haber sufrido un «secuestro» por lo que las penas que se pedían penas de cárcel para algunos de los imputados en el conocido como Caso Ramel.
