El Supremo suspende la autorización del Gobierno a la OPA de Gas Natural sobre Endesa

El Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo acordó ayer la suspensión cautelar del decreto aprobado el pasado 3 de febrero por el Gobierno, que autoriza la OPA presentada por Gas Natural sobre Endesa, si bien vinculó esta decisión a la presentación de una fianza de 1.000 millones por la compañía que preside Manuel Pizarro, la segunda que se le requiere para el mismo fin. Una mayoría ajustada de magistrados -18 frente a 14- estimó que de no decidirse dicha paralización se podría ocasionar «un perjuicio irreparable» a la primera eléctrica española.

En la práctica, no obstante, la resolución de la Sala Tercera -órgano competente para resolver los pleitos que se presentan contra decisiones del Consejo de Ministros- no supondrá cambio alguno en el proceso de la controvertida OPA, pues ésta ya fue suspendida el pasado 21 de marzo por la titular del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid. Esta juez, que tramita una demanda de Endesa contra Gas Natural e Iberdrola por un supuesto pacto ilegal para la compra de sus activos, requirió entonces a la eléctrica que depositara una fianza de 1.000 millones de euros, que ya ha sido cubierta mediante avales bancarios, por los daños económicos que se podrían producir si se obstaculiza la OPA sin fundamento jurídico.

Análisis

En esa ocasión la decisión de presentar la fianza (que tiene un coste anual superior a los tres millones de euros) fue tomada por el consejo de administración de Endesa, que tardó diez días en pronunciarse. Esta vez puede ocurrir algo similar, ya que los abogados de la empresa van a escudriñar antes las posibilidades -eso sí, exiguas- de reducir la suma requerida. Para ello tendrán que recurrir en suplica ante la misma Sala, aunque conscientes de que difícilmente modificará su criterio. Algo similar le pasa al Ejecutivo, quien pretende presentar un recurso, con similares opciones de éxito.

Pero antes de mover ficha, tendrán que leer al detalle la resolución del Supremo, que probablemente no les será notificada hasta finales de la semana próxima y que contendrá varios votos particulares de algunos de los magistrados discrepantes con el fallo mayoritario. Según fuentes jurídicas, el argumento de la sentencia es que dado que existen, al menos, dudas objetivas sobre la legalidad de la decisión gubernamental, no se descarta ningún pronunciamiento, a favor o en contra. Como la solución final sobre el fondo se demorará más de un año, es necesario evitar y asegurar los posibles daños.

El mercado, preocupado por la nueva carga económica impuesta a la eléctrica, castigó ayer sus acciones con un recorte del 0,74% (hasta los 26,85 euros) y premió las de Gas Natural con un avance del 1,65% (24,6 euros).

La división de posturas en la Sala Tercera, evidenciada en el día y medio de debates, fue destacada por la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, quien dijo que estudiarán «si hay motivos para el recurso». Desde el PP, se fue un paso más allá y se pidieron responsabilidades políticas en el Ejecutivo pese a que la suspensión cautelar no prejuzga la sentencia final respecto al fondo del caso. Su líder, Mariano Rajoy, tachó de «absurda» y «caprichosa» aquella decisión gubernamental.

La gasista denunció en un comunicado que la suspensión «se aparta de los precedentes judiciales» y advierte de que el consejo de administración de Gas Natural adoptará las medidas oportunas «para defender los intereses de sus accionistas y exigirá las responsabilidades a que hubiere lugar».

Es reveladora la reacción del presidente de La Caixa -accionista de la gasista-, Ricard Fornesa, quien planteó un acuerdo a varias bandas (si no con Endesa, sí con sus principales accionistas, como Cajamadrid) como solución al conflicto jurídico-empresarial creado tras atascarse el proceso de la oferta de compra en un punto muerto.