PROBLEMAS. La localidad necesita unos nuevos juzgados. / C. R.
PUERTO REAL

El alcalde exige a la Junta que ejecute la obra del nuevo Palacio de Justicia

La Administración autonómica ya dispone de una parcela para la construcción

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Las pésimas condiciones en que se encuentra la sede judicial de la localidad han obligado al alcalde José Antonio Barroso a exigir a la Junta de Andalucía la ejecución del proyecto para el nuevo Palacio de Justicia de la Villa. Además, el regidor recordó que a principios del pasado año la Consejería de Economía y Hacienda incorporó al patrimonio de la Junta la parcela cedida para la ejecución de dicha obra, junto al Instituto Virgen del Carmen.

Uno de los principales motivos obliga a la construcción de un nuevo juzgado son las pésimas condiciones de accesibilidad con que cuenta el actual edificio. Ésta ha sido una de las principales razones por las que Barroso dirigió esta semana una misiva a la consejera de Justicia, María José López, para conocer el estado en que se encuentra el proyecto. Además, la carta se acompaña de unas fotografías que muestran las dificultades de una persona para acceder a las distintas salas del juzgado.

Las conversaciones para la construcción de la nueva sede judicial comenzaron hace cuatro años, con la celebración de varias reuniones entre representantes municipales y los titulares provinciales y regionales de la Administración autonómica. Desde entonces, en poco o nada se ha avanzado, hasta el punto de que el propio alcalde reconoce desconocer «el actual proyecto para el nuevo juzgado».

El único avance se produjo, cuando tras varios meses estudiando las diversas posibilidades planteadas por el Ayuntamiento, la Junta se decidió por la parcela que acogería la nueva sede judicial. Se trata de un terreno de 3.066 metros cuadrados cerca de la actual estación de tren, «una zona que cuando acabe el soterramiento alcanzará un valor incalculable», señaló el regidor.

Según informaron fuentes municipales, el decreto de aceptación de esta parcela por parte de la Administración autonómica se firmó el 15 de febrero del pasado año, sin que hasta el momento se haya recibido ninguna respuesta.