Editorial

Huida hacia adelante

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El presidente de la Generalitat de Cataluña Pasqual Maragall culminó ayer su primera crisis en el Gobierno tripartito relevando a seis consejeros pertenecientes a los tres partidos que integran la coalición, en un intento de reforzar el Gabinete y su propia imagen seriamente desgastados tras el complicado proceso de reforma del Estatut. En esta ocasión sus socios de Gobierno han avalado una operación que frustraron el pasado mes de octubre, unidos por el único interés de mantener la precaria estabilidad del Gabinete contra viento y marea hasta las próximas elecciones autonómicas. El objetivo de aguantar en el poder pese a la profunda erosión de un pacto resquebrajado por posiciones contrapuestas en la reforma estatutaria y sacudido por escándalos como las acusaciones de cobro de comisiones, la mala gestión del Carmel, la irregular financiación de ERC, la condonación de un crédito millonario por la Caixa y un largo etc., ha llevado al president a realizar una nueva pirueta política. El doble objetivo sería intentar salvar el escaso bagaje de autoridad que aún le resta y poner de manifiesto ante Madrid -ante Zapatero y ante Ferraz-, que piensa mantener el tripartito pase lo que pase con el voto de ERC al Estatut. Pero incluso en la selección de los nuevos consejeros Maragall ha vuelto a jugar con fuego, ajeno a la realidad que le rodea, sustituyendo del consejero de Gobernación y Administraciones por el republicano Xavier Vendrell, principal responsable de la polémica desatada por el envío de cartas a altos cargos de la Generalitat reclamando cuotas para el partido. Este nombramiento, que fue ayer duramente contestado por la oposición, condicionará seriamente las investigaciones en marcha sobre el alcance del escándalo de la financiación de ERC porque el nombramiento del principal responsable de esa inspección en el Ejecutivo que afecta a Xavier Vendrell deberá ser nombrado por él mismo.

Es claro sin embargo que, contando Maragall con un muy limitado apoyo en su partido y en el propio PSOE, este intento estabilizador, con todas las características de una huida hacia adelante no dará resultado ni siquiera a medio plazo. Es poco defendible la cohesión de un Gobierno de coalición cuyo principal objetivo ha sido la elaboración de un nuevo marco institucional después de que los dos principales partidos no han conseguido el acuerdo en este asunto fundamental y han defendido públicamente posturas antagónicas. Ni parece viable que el tripartito trate de funcionar como si nada hubiese ocurrido cuando el PSOE, matriz del PSC, ha establecido ya una relación especial con CiU, tan estrecha que incluso se baraja la hipótesis de que los nacionalistas catalanes moderados entren en algún momento en el Gobierno central. Maragall dilapidó buena parte de su capital político cuando, una vez obtenido el compromiso de Rodríguez Zapatero para apoyar el proyecto de reforma del Estatuto de Cataluña, accedió a estampar su firma al pie de un proyecto conscientemente inconstitucional.