Zapatero llega al ecuador de su mandato sin terrorismo y con el 'Estatut' encarrilado

José Luis Rodríguez Zapatero cumplió ayer dos años de mandato con sus dos principales objetivos encauzados: la aprobación del Estatuto de Cataluña está fuera de toda duda y el alto el fuego de ETA abre el camino hacia el final de la violencia. El presidente del Gobierno ha gozado, pese a la precariedad de su mayoría parlamentaria, de una estabilidad inusual y ha visto acrecentarse los tímidos apoyos con los que comenzó su andadura. Sin problemas internos a la vista -el PSOE es una balsa de aceite- el jefe del Ejecutivo quiere dedicar la segunda mitad de su cuatrienio a consolidar el proceso de paz cuando constate la veracidad del fin del terrorismo.

El ecuador de la legislatura llegó «con la mejor de las noticias», según palabras del propio Zapatero, ya que el 22 de marzo ETA declaró un alto el fuego permanente. Un paso por el que pocos apostaban, pero que tras año y medio de gestiones, contactos directos e indirectos, cruce de cartas en privado y de mensajes en público, se hizo realidad. El cese de las actividades terroristas precipitó a su vez la primera y única remodelación gubernamental, cuyas rasgos más sustantivos fueron la salida de José Bono del Ejecutivo y la entrada de Alfredo Pérez Rubalcaba.

Una crisis rápida y discreta con un fin muy claro: gestionar el proceso abierto por el alto el fuego de ETA, y con ese fin puso en el puente de mando de Interior al ingeniero de la sala de máquinas. El presidente del Gobierno tiene claro que consolidar el proceso de paz es la apuesta de la legislatura. Lograrlo, suele decir, supondría poner fin al único problema heredado de la dictadura franquista y que la democracia no ha sabido resolver en casi 30 años. Con esta idea en mente, rebajará su agenda exterior y dejará en manos del Rey una intensa labor diplomática; diluirá asimismo su presencia en el primer plano de la actualidad política ya que da la legislatura por encarrilada.

Negociaciones

Detrás quedó la dura negociación del Estatuto de Cataluña, en la que Zapatero tuvo dos intervenciones decisivas. La primera, el 22 de septiembre pasado cuando se encerró en el palacio de La Moncloa con Pascual Maragall y el líder de CiU, Artur Mas, primero por separado y después juntos, para desencallar la tramitación de la reforma estatutaria en el Parlamento de Cataluña. Un texto que se aprobó ocho días después con el apoyo de casi el 90 por ciento de la Cámara autonómica. La segunda, el 21 de enero, sirvió para cerrar con el presidente de la federación nacionalista catalana el acuerdo definitivo para que el proyecto pasase el tamiz de las Cortes. El Congreso aprobó el texto el 30 de marzo, y ahora está en el Senado.

Los socialistas reconocen que ni en sus pronósticos más optimistas entraba la consecución de ambos objetivos, aunque también apuntan que la rapidez en lograrlos puede jugar en contra porque dentro de dos años, cuando se celebren las elecciones, cabe la posibilidad de que estén amortizados por el electorado y hayan dejado de ser un activo de la gestión de Zapatero. Fuentes de Moncloa descartan esta visión pesimista y sostienen que la consolidación del proceso de paz y el Estatut no pueden mirarse con un prisma electoral, y que son hechos que quedarán en la conciencia ciudadana sin paternidad atribuible porque el mérito no es sólo del Gobierno.

Cambio de alianzas

La negociación de la reforma estatutaria catalana trajo consecuencias. ERC, aliado fiel de los socialistas desde el primer minuto, se sintió desairada por su marginación y aflojó la fortaleza de su alianza con el PSOE. Un movimiento que fue aprovechado por CiU para convertirse en socio habitual en las votaciones parlamentarias. También el PNV modificó sus reticencias iniciales hacia Zapatero y ha secundado al Gobierno en proyectos determinantes. Los Presupuestos de este año, por ejemplo, contaron con el respaldo de nacionalistas vascos y catalanes; a diferencia de los de 2005, en los que ambos grupos negaron su aval y el Ejecutivo sólo tuvo el respaldo de ERC e IU.

Esta nueva fortaleza parlamentaria animó al presidente a llevar al Congreso dos de sus iniciativas legislativas más ambiciosas, la ley de Igualdad y la de Dependencia. La aprobación de estos proyectos será el corolario de un amplio programa de reformas sociales y de igualación de derechos civiles y sociales. El jefe del Ejecutivo comenzó la legislatura con la aprobación de la ley contra la violencia de género, siguió con la ley que autorizó los matrimonios homosexuales, la agilización del divorcio, la subida de las pensiones mínimas o del salario mínimo interprofesional.