Los empresarios reconocen la permisividad y facilidad para trabajar en la economía sumergida

«Parece que el fraude a la Seguridad Social es pecata minuta en la provincia». Vertidas por el presidente de una patronal hace sólo unos días, estas palabras invitan a pensar que algo no funciona. O funciona peor de lo que parece. El fraude de las facturas falsas detectado, al menos, en la marroquinería y el mercado inmobiliario, y el de informes médicos contra la Seguridad Social han vuelto a poner de relieve una realidad demasiado evidente en la provincia: la economía sumergida.

Lejos de ser una afirmación vacua propia del boca en boca, el impacto de la actividad irregular en Cádiz está recogido en un informe del Consejo Económico y Social que ha levantado a más de uno de su sillón. El estudio de este órgano independiente formado por representantes de las principales instituciones y órganos sociales de la Comunidad y vinculado a la Junta de Andalucía sostiene que Cádiz es la cuarta provincia del país que registra mayor incidencia de negocios irregulares.

Sin embargo, el territorio gaditano no es, precisamente, un oasis entre la legalidad, ya que «siete de las ocho provincias andaluzas se encuentran entre las quince que representan un mayor tamaño relativo» de negocios B. Y la única fuera de este ranking, Almería, ocupa el puesto 16. En cambio, Cataluña, Aragón, La Rioja, Cantabria, Baleares y dos provincias de la Comunidad Valenciana tienen los mejores niveles de transparencia económica.

Menos desarrollo

Con esta base territorial, la investigación del CES confirma que existe una «relación inversa» entre el impacto de la actividad ilegal y el nivel de desarrollo en términos de Producto Interior per Cápita, es decir, las provincias «menos prósperas» recurren más a métodos fiscales o laborales ilícitos.

Pero la principal aportación de este estudio andaluz es su trabajo de campo: una encuesta realizada a «profesionales cualificados y expertos en las parcelas más directamente vinculadas» con este fenómeno, como inspectores de hacienda y trabajo, asesores fiscales y laborales, auditores, empresarios y sindicalistas.

Este sondeo ha permitido identificar que los servicios, la construcción y el comercio son los sectores con mayor ocultación de la actividad productiva, y, dentro de estos ámbitos, el servicio doméstico, el alquiler y la industria primaria son los mayores agujeros negros de la economía regional.

En esta clasificación también aparecen negocios estratégicos de la provincia, como la hostelería (al que los encuestados otorgan una intensidad media-alta del 68%), la promoción inmobiliaria (66,5%) y el cuero (60%), que figuran entre los doce primeros afectados o implicados.

Esto en términos de actividad empresarial porque en empleo irregular es aún mayor, sobre todo en la restauración (en la que se el 79,4% considera que el grado de ocultación es elevado) y la industria marroquinera (donde se constata una «muy fuerte vinculación» del 69,5%), que destacan junto a la confección de géneros de punto, la agricultura, ganadería y pesca, la construcción residencial y la instalación y montaje de edificios.

Impuestos y eventualidad

De acuerdo con la argumentación del informe del Consejo Económico y Social, los factores determinantes de la economía sumergida son el sistema impositivo porque un aumento de la presión fiscal incrementa esta delictividad; la temporalidad, ya que una mayor facilidad para contratar fomenta el empleo regular y contiene la actividad irregular; el nivel de renta provincia, según lo mencionado; y la tasa de crecimiento real del PIB.

El empleo irregular, por su parte, se ve condicionado por la estacionalidad (hostelería y agricultura) y la presencia de inmigrantes, que acceden al mercado de trabajo con escasas necesidades de cualificación y entre los que se reducen las posibilidades de control por parte de las administraciones (servicio doméstico, donde el mecanismo contractual es oral y hay un desconocimiento de la normativa laboral por parte de los empleados).

Talleres clandestinos

Tanto en esta actividad en el hogar como en la peletera, la economía sumergida se ve favorecida por la «independencia de las fases del proceso de producción», que permite subcontratar parte del trabajo a «talleres clandestinos o el llamado trabajo a domicilio». En la marroquinería, sin embargo, las mayores necesidades de maquinaria y mano de obra especializada para ciertas actividades reducen la irregularidad, aunque es «más habitual la contratación temporal no declarada en periodos de mayor demanda», según concluye el estudio de este órgano.

Una de las grandes aportaciones de esta revisión al negocio negro es la actitud de los empresarios y expertos del sector ante este fenómeno que lacra el proceso de las sociedades donde impacta. El anonimato invita a la franqueza y más de la mitad reconoce que «está totalmente conforme» con estas prácticas irregulares y el 36% manifiesta que «es muy frecuente que los empresarios adopten esta actitud», frente al 30% que dice evitarlo completamente. Incluso, restan importancia al argumento de que «resulta inevitable», como sostienen aquellos empresarios en sectores deprimidos.

Más beneficios

Al preguntarles por los motivos que lleva a la iniciativa privada a trabajar «en la sombra» es, lógicamente, el ahorro de costes y el aumento de beneficios, pero más del 50% asegura que hay una alta permisividad social y facilidad proporcionada por «áreas grises de la legislación», así como debilidad en las sanciones. Además, según los encuestados, los acicates legales que inducen a ocultar la actividad son las menores cotizaciones sociales (seguridad y protección social en las nóminas), la reducción de la fiscalidad (los impuestos del IVA, el IRPF o el de Sociedades, entre otros, así como la contratación) y, sorprendentemente, la evasión de las nuevas regulaciones sobre prevención de riesgos y salud en los centros de trabajo.

Críticas al sistema

Estas apreciaciones entroncan con algunas de las principales críticas de la patronal sobre el mercado productivo español, al que achacan una rigidez laboral que impide optimizar las condiciones de contratación según las necesidades, y la fuerte presión fiscal que se ejerce, aún después de reducirla sobre el grueso de las pymes, sobre determinados agentes económicos, como los autónomos.

Los procedimientos a los que recurren para cometer ilegalidades son las transacciones en efectivo, la ocultación, compra o falsificación de facturas, la contabilidad ficticia y la creación de sociedades sin actividad, pero también reconocen que la subcontratación y las subvenciones son fórmulas para esquivar a Hacienda.

Respecto a las modalidades fiscales, las que registran más estafas son aquellas con mayor capacidad recaudatoria. El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que supuso en el año 2000 el 31% de la recaudación total andaluza y el de la Renta de Personas Físicas (IRPF), que significa el 40,4%, son los que sufren más impacto del fraude.

También el de Sociedades (modificado recientemente para gravar sólo a las empresas con una facturación superior al millón de euros) y los de donaciones y sucesiones (suprimidos en algunas comunidades) son foco frecuente de estas actividades delictivas.