Urbanismo y corrupción

La disolución del ayuntamiento de Marbella, aprobada ayer por Real Decreto en Consejo de Ministros como consecuencia de la abrumadora trama de corrupción descubierta en su seno, ha marcado el punto de no retorno de una situación que debe ser atajada en sus raíces para evitar que vuelva a encontrar terreno abonado para rebrotar. El hecho de que por insuficiencias del sistema general de financiación del Estado los municipios hayan de encontrar recursos preferentemente mediante las plusvalías de la venta y recalificación de terrenos y en los diferentes impuestos que gravan un sector -el de la construcción-, que vive un imparable boom, explica buena parte del origen de la creciente corrupción que se detecta en bastantes de las localidades con mayor actividad constructora, especialmente las costeras. Sintomático es que el recién designado fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, haya reconocido que en las costas españolas hay muchas otras localidades con problemas como Marbella, aunque «más atenuados».

Ante esta situación preocupante, se han formulado propuestas encaminadas a limitar las competencias municipales en materia urbanística, aun a costa de invertir el avanzadísimo proceso de descentralización que ha tenido lugar y que ha hecho imposible promulgar en el pasado normas de intervención en la política del suelo que sucesivos Gobiernos del PSOE y del PP vieron frustradas por el Tribunal Constitucional. La convicción de que es imprescindible reexaminar el criterio de subsidiariedad en materia urbanística, privando de tal competencia a los pequeños municipios y reforzando la de los escalones autonómico y estatal, es tal que perfiles políticos tan diferentes como Rajoy y Guerra han coincidido en la necesidad de que el Estado recupere mediante una reforma constitucional algunas competencias, como el urbanismo o la gestión de grandes catástrofes. Pero en tanto se logran estos deseos, que requieren consensos globales hoy inviables, no cabe cruzarse de brazos. Lo ocurrido en Marbella ha puesto de relieve las posibilidades de depuración que residen en el Poder Judicial, convenientemente dotado y bien estimulado por la fiscalía, pero también el naufragio absoluto de la inspección fiscal, que ni siquiera intuyó lo que estaba ocurriendo. Urge reforzar la Agencia Tributaria, impulsar la nueva fiscalía de Medio Ambiente y urbanismo y dotar mejor a las fuerzas de seguridad.