La Comisión Europea expedienta a España por varias infracciones urbanísticas

Las autoridades españolas disponen de dos meses para evitar que varios proyectos urbanísticos acaben ante el Tribunal de Justicia de la UE. Éste es el plazo que concede la Comisión Europea después de que ayer expedientara a España por la ausencia de estudios de impacto ambiental en un complejo turístico en Carboneras (Almería), una urbanización en Peñíscola (Castellón) y en las obras de soterramiento de la M-30, lo que supone una vulneración de la legislación de la UE. Asimismo, el Ejecutivo comunitario también ha abierto expediente a España por la nueva ley urbanística de la Comunidad Valenciana (LUV), al observar irregularidades en contratación pública.

Con esta resolución, Bruselas aviva aún más la polémica sobre el hotel de más de 20 pisos que se construye en la playa de El Algarrobico, en el municipio almeriense de Carboneras. El edificio, que ha suscitado las denuncias de los ecologistas por invadir el litoral, forma parte del complejo turístico que promueve Azata del Sol en la zona protegida del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.

Obras paralizadas

Actualmente, las obras de construcción del hotel están paralizadas cautelarmente por orden del juez. En concreto, el Ejecutivo comunitario denuncia que no se hayan analizado los efectos probables del proyecto en este área protegida, y que no se hayan tomado medidas para salvaguardar las características ecológicas de la zona.

En el caso de la urbanización 'Las Atalayas', situada en el municipio de Peñíscola, Bruselas denuncia la falta de un estudio de impacto ambiental antes de iniciar las obras de construcción del proyecto, ubicado en un área de la red europa Natura 2000 de espacios ambientales protegidos.

Junto a ello, la Comisión Europea ha abierto otro expediente por las obras de soterramiento de la M-30. El Ejecutivo comunitario considera que los trabajos de la autopista de circunvalación de Madrid constituyen un gran proyecto único que debe someterse a una evaluación de impacto global, que analice, entre otras cosas, sus efectos sobre espacios protegidos por la red Natura 2000. Por ello, desaprueba la decisión del Ayuntamiento de dividir las obras en 19 proyectos y estudiarlos de forma individualizada. La apertura de un procedimiento de infracción podría bloquear el crédito de 1.500 millones de euros concedido por el Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Respecto a la ley urbanística valenciana, la Comisión considera que «no parece remediar las posibilidades de infracción que existían en la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU)» -derogada por la actual-, en referencia al contenido de los anuncios de licitación y los documentos contractuales para la adjudicación de los PAI (programas de actuación integrada), y a la posibilidad de aumentar el precio del contrato tras la selección del agente urbanizador.

Por otra parte, la CE amenazó ayer a España con multas si no toma medidas respecto al vertedero ilegal de Punta valos, en la isla canaria de La Gomera. Bruselas avisó de que no se ha ejecutado la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE del 28 de abril de 2005, que condenaba a España por no respetar la legislación comunitaria en materia de vertidos en este caso.