Disolver el Ayuntamiento de Marbella

Napoleón nos advirtió de que «lo imposible es el refugio de los cobardes». Y Henri Barbusse nos enseñó que «es intentando lo imposible como se realiza lo posible». Conviene recordarlo a la hora de tomar postura sobre lo que habría que hacer con el Ayuntamiento de Marbella. El argumento de la imposibilidad material no es más que una prueba de cobardía de los espíritus para enfrentarse contra los intereses creados por el status quo. En política, la posibilidad o imposibilidad de una cosa no se debe juzgar desde el exclusivo punto de vista técnico porque el político tiene en sus manos la posibilidad de cambiar esa técnica. La Junta de Andalucía tiene previsto pedir mañana al Gobierno central que disuelva el Ayuntamiento de Marbella. Y éste podría estudiarlo en su reunión del viernes. El artículo 61.1 de la ley de bases de Régimen Local se lo permite, pues dice que «el Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente o a solicitud de éste y, en todo caso -previo acuerdo favorable del Senado-, podrá proceder, mediante Real Decreto, a la disolución de los órganos de las corporaciones locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus intereses constitucionales». Entonces ¿por qué teme el PP dejar el Gobierno municipal de Marbella en manos de una comisión gestora nombrada por la Diputación de Málaga? Y por qué cree el PSOE andaluz que es imposible celebrar elecciones allí antes de mayo cuando el artículo 183 de la Ley para la Garantía de la Democracia en los Ayuntamientos establece que, tras la disolución de una corporación, hay que convocar elecciones en el plazo de tres meses y que el mandato del nuevo gobierno local debe durar al menos un año? Lo que hay que hacer es olvidar el viejo principio de que la política es el arte de lo posible y empezar a pensar que es el arte de hacer posible lo necesario.