El PP exige que el próximo Consejo de Ministros disuelva el Ayuntamiento

El PP exigió ayer al Gobierno que disuelva la corporación municipal del Ayuntamiento de Marbella en el próximo Consejo de Ministros y permita las elecciones anticipadas, después de unos casos de corrupción en los que el PSOE ha actuado como «claro encubridor», según la portavoz popular en la localidad, María Angeles Muñoz. Así lo aseguró en una comparecencia en la sede madrileña de Génova, en la que estuvo acompañada por el secretario general del PP de Andalucía, Juan Ignacio Zoido, y el portavoz en el Senado, Pío García-Escudero, que instó al Ejecutivo a dirigirse a esta Cámara, cuyo acuerdo es necesario para disolver por decreto el consistorio.

El PP quiere evitar que una comisión gestora se encargue de Marbella hasta las elecciones previstas dentro de un año, una vez que sus principales responsables municipales, incluida la alcaldesa, Marisol Yagüe, hayan sido encarcelados por una presunta trama de corrupción urbanística.

Convocatoria no posible

Sin embargo, la convocatoria de elecciones ya no es legalmente posible debido a que se incumplirían los plazos establecidos en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General que, en su Artículo 183, establece que el Consejo de Gobierno, siempre que se den las circunstancias que marca la Ley, podrá poner fin a un mandato municipal y convocar nuevas elecciones, siempre y cuando el nuevo equipo de gobierno pueda desarrollar su actividad durante al menos un año. Las próximas elecciones tendrán lugar en mayo del año que viene, con lo que sólo quedaría el mes de abril para llevar a cabo todo el expediente que incluye una aprobación en el Senado.

García-Escudero afirmó que si el Ejecutivo no muestra «voluntad política», él mismo trataría de convencer al resto de los portavoces (necesitaría unanimidad para cambiar el orden del día) con el fin de introducir una moción que instara a dicha disolución, aunque en cualquier caso no sería vinculante.

María Angeles Muñoz mostró su escepticismo ante el comportamiento de los socialistas, a los que achacó no tener «ningún interés en convocar elecciones, porque las encuestas les dan una clara desventaja». Acusó además a la Junta de Andalucía gobernada por el socialista Manuel Chaves de haber «mirado hacia otro lado» durante los quince años de «irregularidades» que se han vivido desde que Jesús Gil accediera a la alcaldía de Marbella.

Sobre las razones por las que el Gobierno de José María Aznar no disolvió el ayuntamiento durante sus ocho años de mandato, la responsable popular explicó que un informe del Ministerio de Administraciones Públicas del año 2003 lo desaconsejaba «por razones técnicas», ya que aún no había «argumentos probados» en este sentido.

Defendió que esta situación «no se crea de la noche a la mañana» y afirmó que su partido tiene pruebas de que «se pagaron cheques por debajo de la mesa a responsables del PSOE», en concreto por valor de ochenta millones de pesetas. A pesar de ello, abogó por «dejar atrás el pasado» y no «sumir aún más en el abismo» a Marbella con el nombramiento de una comisión gestora, inédita hasta ahora en democracia, y que «estaría controlada por la Diputación», con mayoría de PSOE e IU. Pese a estas declaraciones, afirmó que el PP «siempre trabajará por el bien de Marbella».