El juez considera que Yagüe es «una marioneta en manos de Roca»

Juan Antonio Roca es el que manda en el Ayuntamiento, la alcaldesa, Marisol Yagüe, obedece. Este es, según la consideración del juez Miguel Ángel Torres, el escalafón por el que se toman las decisiones en el gobierno municipal de Marbella. Así lo asegura el magistrado en el auto por el que envía a prisión a quien en teoría sólo es un asesor de Yagüe en temas urbanísticos.

El documento judicial, según ha podido comprobar este periódico de fuentes judiciales, es demoledor. Asegura que Yagüe «es una marioneta en manos de Roca», quien para el juez es quien «controla y dirige las decisiones municipales por encima de la alcaldesa». El juez no tiene dudas. Asegura que el hombre fuerte del Ayuntamiento «influye en los concejales, ordena la aprobación de actos administrativos injustos, percibe cantidades para aprobar convenios y exige dinero para mantener contratos».

Motivos

El auto fundamenta la decisión de encarcelar a Juan Antonio Roca sin posibilidad de fianza en tres motivos: la complejidad del entramado, la posibilidad de que se destruyeran pruebas si el acusado permaneciera en libertad y la alarma social causada.

El juez alude además al extenso patrimonio de Roca que, según el juez, se vale de una serie de testaferros para ocultar propiedades, así como de una «complejísima» estructura societaria.

En el auto, cita a socios y empleados del gabinete jurídico de Sánchez Zubizarreta Soriano, de Madrid, como personas que estarían además al frente de esas sociedades.

El magistrado enumera algunas de las propiedades millonarias del que fuera brazo derecho de Jesús Gil: varias fincas, un palacio, un helipuerto o una inmobiliaria, además de «gran cantidad» de vehículos, yates, antigüedades o «costosas» obras de arte. «Carece de lógica su versión de que estas u otras fincas las disfruta mediante un contrato de alquiler o se las ceden sus dueños, que serían sus abogados», dice.

En relación con la vivienda que utiliza como residencia principal, el juez afirma en el auto que «tiene un elevado valor económico y es de su propiedad, aunque exista un contrato de alquiler ficticio». Esta vivienda figura a nombre de sociedades gibraltareñas. Para el magistrado, Juan Antonio Roca puede haber incurrido en al menos los siguientes delitos: blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, alteración de precios en en concursos y subastas públicas, malversación de caudales y efectos públicos, y contra la flora y la fauna.

Esta última imputación se fundamenta en los trofeos de caza (entre los que se contaban numerosas cabezas de animales exóticos disecados, como jirafas, elefantes, rinocerontes o urogallos) hallados en varias de las propiedades registradas por la policía durante la operación.