PLENO | CÁDIZ
Unanimidad de los grupos para realizar una auditoría en el consorcio de Bomberos
Una representación del Sindicato de Bomberos de Cádiz ha estado presente en el salón de plenos durante el debate apoyando esta iniciativa
La propuesta de los grupos municipales Podemos y Ganar Cádiz sobre las investigaciones de la Fiscalía provincial de Cádiz sobre los delitos de malversación de caudales públicos en el Consorcio de Bomberos de Cádiz ha salido adelante por la unanimidad de los grupos, al igual que la enmienda de adición presentada por el Grupo Municipal Socialista.
En la propuesta, defendida por el concejal Adrián Martínez de Pinillos, el equipo de Gobierno ha pedido instar al Consorcio de Bomberos de la provincia a realizar una auditoría externa sobre la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) , la plantilla y del mapa de actuación desde el año 2008. Por otro lado, que esa auditoría también aborde la financiación del Consorcio y que contemple a su vez la ejecución de los presupuestos durante los últimos diez años.
A estas peticiones, se ha sumado la presentada por el PSOE en su enmienda, en la que solicita el apoyo a los acuerdos tomados por unanimidad en la Junta General de carácter urgente del Consorcio de Bomberos celebrada el pasado 5 de diciembre para personarse ante el Juzgado número 3 de Cádiz en las diligencias previas 1305/2014, así como de aquellas otras actuaciones que ayuden a esclarecer el asunto.
El equipo de Gobierno recuerda en su propuesta que agentes de la Policía Nacional han investigado a 14 personas como presuntas autoras de los delitos de malversación de caudales públicos, fraude en la contratación pública y prevaricación en el Consorcio de Bomberos de la provincia . Estas investigaciones se iniciaron a raíz de la denuncia interpuesta en la Fiscalía provincial de Cádiz en el año 2013 por el Sindicato de Bomberos de Cádiz.
Precisamente una nutrida representación de este sindicato ha estado presente durante todo el debate de esta propuesta en el salón de plenos apoyando esta iniciativa con el claro objetivo de conseguir con la realización de la auditoría «el esclarecimiento de lo que ha pasado durante los últimos años en este organismo».
Para el sindicato, una administración pública como el Consorcio, y los entes que lo componen, es decir, ayuntamientos y Diputación, «que se nutre en su mayor parte de los impuestos de los ciudadanos, para prestarles el mejor servicio posible, debería ser un ejemplo de transparencia y no debe mirar para otro lado después de los supuestos delitos cometidos por sus dirigentes y funcionarios con cargos de responsabilidad durante todos estos años».
El sindicato asegura además que esta auditoría, además de servir para la investigación actual, «podría aclarar también el destino de varios millones de euros aportados por UNESPA (Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras) que deberían haber sido destinados a inversiones, pero que en la práctica podría no haber sido así, o el destino del dinero ahorrado de los funcionarios que no estaban ni están en la plantilla en los últimos años con respecto a las RPT publicadas por el CBPC, por poner dos ejemplos».
Durante el debate, el equipo de Gobierno ha resaltado de su propuesta que la denuncia se interpuso tras la firma de un acuerdo regulador de las relaciones de los empleados públicos del Consorcio en el año 2010 «y la posterior contratación de una póliza de jubilación anticipad a dirigida al gremio de los bomberos beneficiando principalmente a dirigentes del Consorcio en detrimento del resto de bomberos».
Desde el PSOE, su portavoz, Fran González, ha resaltado que apoyaban esta propuesta con el ánimo de que «si se ha cometido un delito, somos todos los interesados en que se investigue y se esclarezcan los hechos». El portavoz socialista ha recordado que en el Ayuntamiento también ha habido petición de auditorías «que finalmente no se han realizado». Ha continuado instando a los grupos del Gobierno local a que pidan hacer esta auditoría «con el convencimiento de querer esclarecer los hechos pero no para jugar con la política con algo con lo que han sufrido los propios trabajadores del consorcio».
Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Popular, Ignacio Romaní, ha señalado que «desde el PP hemos peleado mucho porque sí que creíamos en el Consorcio de Bomberos y corríamos el riesgo de que cada parque terminara en su ciudad pero este asunto se salvó ‘in extremis’». Ha lamentado que desde el equipo de Gobierno se haya insinuado que el PP ha tenido que ver algo con lo que se está investigando y ha recordado que « hasta que un juez no declare sentencia, nosotros no sentenciamos nada. Ni siquiera lo hemos hecho con el alcalde de esta ciudad, que recordemos que está imputado».
