SUCESOS
El truco del sobre cerrado
Una larga investigación policial destapa presuntos amaños en subastas de la Seguridad Social en Cádiz. Las pesquisas apuntan a que los implicados trampeaban las pujas con el fin de asegurarse que las suyas eran las más altas y llevarse los mejores lotes
Que algunos pasaran por sus peores momentos económicos, que tuvieran que verse en la quiebra y cerrar sus empresas, que estuvieran con el agua al cuello, tanto, como para perder sus casas, coches, maquinarias, empresas...y que, como está estrictamente autorizado y regulado, la administración liquidara con ellos sus pesadas deudas con el sistema, pudo servirle a otros para que vivieran mucho mejor.
Afectados y supuestos aprovechados . Estas son las dos caras de una historia que tiene todos los ingredientes para haber acaparado gran parte de la atención mediática esta semana.
En un contexto, el de las subastas públicas , colmado de leyendas negras y oscurantismo, un funcionario con cierto poder en la Administración pudo trampear con la ayuda necesaria de terceros el sistema de pujas para conseguir los mejores lotes a los mejores precios. Esos bienes habían sido intervenidos por la Seguridad Social a personas que no habían hecho frente a sus pagos.
Todo les iba bien hasta que uno de los supuestos perjudicados dio la voz de alarma en la Fiscalía. La investigación policial se puso manos a la obra y comenzó a tirar del hilo, a completar pieza a pieza el puzzle de un enmarañado negocio que hasta ahora, a los implicados, les estaba resultando más que rentable.
El operativo
Aunque los agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional en Cádiz llevaban medio año tras sus pasos, el escándalo saltaba este martes. A primera hora de la mañana, una treintena de policías, entre investigadores y miembros de apoyo de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), se desplegaron entre Cádiz y Chiclana, donde se iban a ejecutar de forma simultánea las detenciones y los registros previstos.
Primero acudieron hasta el domicilio de J. M. C. G, responsable de subastas de la Seguridad Social para retenerlo. Ya junto a él acudieron a las oficinas de la Tesorería para registrar también su despacho. De allí, y ante el evidente asombro de compañeros y personal, se llevaron numeroso material y documentación .
Del mismo modo se dirigieron hasta Chiclana donde detuvieron al subastado r.Este particular trabajaba supuestamente en connivencia con el funcionario del que recibía información privilegiada.
Ya el miércoles se produjo una segunda parte del operativo en la que cayeron otros dos supuestos implicados en esta trama de amaños en las subastas públicas. Por un lado, un auxiliar administrativo que está contratado de manera externa por el organismo público, y además, otro trabajador que se dedicaba a la guarda y custodia de los bienes embargados por la Seguridad Social.
Preocupación y sorpresa en la Tesorería
La detención e ingreso en prisión del responsable del departamento de subastas de la Seguridad Social, ha provocado cierta preocupación en la Tesorería de la plaza Asdrúbal. El hecho de que un mando intermedio, un conocido y veterano funcionario de la ‘casa’, haya podido meterse en un lío de tales características no ha dejado indiferente a nadie. Las posturas son diversas como suele ocurrir en estos casos. Algunos defienden su presunción de inocencia y otros la ponen en entredicho después de que la juez haya decidido enviarle a prisión.
De una u otra forma, la mayoría coincide en destacar que esta supuesta irregularidad no puede «manchar» el prestigio del trabajo que hacen a diario en uno de los «organismos públicos que mejor funcionan», ya que, de ser culpable, se trataría de una excepción y no de una generalidad. La noticia y su difusión en los medios también se está viviendo con preocupación. La investigación apunta a falta de control a la hora de que pudieron amañar las subastas sin que nadie se diera cuenta. De ahí la inquietud porque el comportamiento de dos trabajadores (un funcionario y un auxiliar) pueda poner en duda dichos sistemas en una administración que vela por los intereses públicos.
En este contexto, ningún portavoz o autoridad de las administraciones responsables ha querido hacer valoración alguna. Según dicen, prefieren mantenerse cautos y en silencio en un procedimiento judicial que está bajo secreto de sumario. Las preguntas son muchas pero, de momento, habrá que esperar para obtener alguna respuesta.
