Dos técnicos no percibieron presiones en el ‘caso Matadero’

El Juzgado de Instrucción número 1 de Cádiz citaba este lunes a declarar a dos nuevos testigos en el ‘caso Matadero’, que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de viviendas sociales de la promoción de Matadero de la capital gaditana. Era el turno de Fátima Salaverri, la que fuera responsable de la Fundación Municipal de la Mujer y de la gerente de la empresa municipal de vivienda, Procasa, Cándida Marín.

En su declaración ante la juez que instruye el caso, Salaverri aseguró haber tenido una intervención puntual en este asunto ya que era el departamento de Pilar Tubío y su equipo el que lo llevaba directamente aunque, por su cargo de responsabilidad, sí asistió a alguna de las reuniones que se mantuvieron.

Durante su testimonio, la exgerente dijo desconocer la existencia de una lista de políticos pero sí declaró que Pilar Tubío, quien fuera la excoordinadora de Asuntos Sociales del Ayuntamiento, le enseñó un folio en blanco con cuatro o cinco nombres escritos a mano y en el que ponía 'Juancho', nombre que posiblemente se correspondía con el del exconcejal Juan José Ortiz. Dicha circunstancia no le sorprendió debido a que en aquel listado aparecía gente que las propias trabajadoras sociales ya habían enviado a los políticos. Según Salaverri, el expediente lo tuvo durante meses en su despacho hasta que un conserje se lo pidió para entregárselo a la concejal Carmen Sánchez, pero que ella misma nunca examinó dicho expediente.

Ya en 2013 en una reunión en Diputación entre las que se encontraban Mercedes Colombo, Carmen Sánchez y Pilar Tubío, la teniente alcalde advirtió a esta última que muchos de los informes presentados estaban desactualizados y que como no correspondían a la realidad de las familias, había que elaborarlos de nuevo. Pero, según la declarante, en ningún momento se habló de cambiar los criterios . Además afirmó desconocer si las trabajadoras sociales se quejaron de que los baremos no fueron los adecuados y de si las exconcejalas dieron instrucciones de qué gente tenía que entrar en el nuevo listado.

La anterior responsable de la Fundación Municipal de la Mujer aseguró desconocer la existencia de dos listados distintos, uno supuestamente de los políticos, y otro de los técnicos. Además añadió que en su presencia no se presionó nunca a Pilar Tubío . En una reunión de junio de 2013 se hizo entrega de los informes actualizados tal y como había solicitado Mercedes Colombo. Negó que la exteniente alcalde llevara a alguna de esas reuniones otro informe distinto.

Por su parte Cándida Marín, gerente de Procasa, aseguró que la exedil Carmen Sánchez le envió un listado de personas para que fueran adjudicatorias de Matadero a través de exclusión social y que la mayoría estaban previstas para realojos. Según la funcionaria, insistió en que se especificara en los informes dichas cláusulas debido al fin social de estas viviendas, una petición que fue recogida por los técnicos.

Preguntada sobre los listados, Marín aclaró que recibió uno primero por mail con cinco o seis nombres, que en su mayoría pertenecían a familias en riesgo de exclusión social. Sobre los informes que le llegaron a posteriori eran todos de la lista aunque cree que puede que hubiera alguno que no fuera de la citada relación, pero que en todo caso, se siguió el mismo trámite que siempre. Advirtió que no le consta que alguno de los solicitantes no tuviera informe de exclusión porque, de ser así, no los hubiera propuesto.