El sostenido fracaso de la hostelería en espacios públicos «con encanto»

Este último Gobierno local ha renovado varias de las concesiones con el propósito de reactivar algunos de estos recintos vacíos y abandonados . Sin éxito hasta ahora. Los que ya tenían una vida comercial saludable y continua sí que la han conservado. Entre los fracasos están el restaurante acristalado de la Avenida de la Bahía (Barriada de la Paz), que apenas ha tenido 12 meses de actividad después de 12 de inauguración, el del Paseo Marítimo del barrio de Astilleros (a la altura de la piscina pública) que lleva más de dos años cerrados pese a que su concesión fue renovada en septiembre de 2019, el de las murallas del Baluarte de la Candelaria sin uso desde que expirase la última concesión y, como mayor símbolo de inactividad, el instalado en los jardines de Erytheia, conocidos como jardines de los antiguos cuarteles de Varela.

Entre los ejemplos de cierto éxito, irregular o continuo, en la hostelería en espacio público, a través de concesión con alguna administración pública, apenas se puede destacar El Pelícano (murallas de San Roque). Hay otros casos de supervivencia, con distintas propiedades y etapas, en el Parque Genovés; la avenida de la Sanidad Pública (dos locales); el Baluarte de los Mártires (Grupo El Faro); el Real Club Náutico; la rampa de acceso a Santa María del Mar y la Alameda Apodaca (a la altura de la calle Buenos Aires), este último cambió de concesionaria en septiembre de 2019.

Excepto en el caso de los recintos en murallas, el patrón siempre es el mismo: cuando una zona se reurbaniza o reforma por completo, con la construcción de algún nuevo equipamiento (parque, paseo marítimo, aparcamiento subterráneo) se reserva un área para un recinto de hostelería que reporte ingresos, mediante concesión, a la administración pública responsable: el Ayuntamiento por lo común.

Pese a que la práctica se ha revelado como un fracaso con un tercio de los establecimientos vacíos, el método sigue en vigor, hasta el punto de que se plantea para proyectos atrasados o futuros como la recuperación de Santa Bárbara, la remodelación del Baluarte del Orejón y la recunstrucción del Paseo Pascual Pery en la Punta de San Felipe .

El caso de los antiguos cuarteles de Varela, actual parque, es paradigmático. Apenas ha tenido actividad continua durante dos años pese a llevar 18 construido como un bloque de metal y cristal, con diseño pretendidamente vanguardista , en mitad del parque. Fue una concesión a la empresa encargada del aparcamiento subterráneo y la reurbanización de la zona, Martín Casillas. De hecho, una empresa ligada a ese gran grupo constructor fue la primera en explotar sin éxito el restaurante, inicialmente de lujo. Luego ha tenido ha tenido tres reinicios de actividad distintos, todos fracasados, ya reconvertido en pequeña cantina del parque, en mínima cafetería o kiosco pese a lo lujoso de su arquitectura.

El local del Baluarte de Candelaria, justo cuando termina el tramo amurallado, frente al Centro Cultural Reina Sofía, y continua la balaustrada sobre la Bahía camino de Santa Bárbara es otro de los ejemplos llamativos. Fue un bar de notable éxito, amplio, con dos alturas y terraza al mar, con gran programación cultural y mucha actividad, de atractivo para vecinos y visitantes. Desde 2004 hasta 2014 logró su mayor etapa de popularidad, sobre todo con el nombre de La Canela.

Un año antes del cambio en la Alcaldía que traería al equipo de Gobierno de González Santos, la concesión del local expiró. La responsable de La Canela no optó a la renovación y fue anunciada oficialmente por siete años con la obligación de prestar «servicios de bar y de cafetería, además de tener fines culturales.

Se valoraba el fomento de la música así como el desarrollo de otras actividades culturales», rezaba el expediente. Había que pagar 5.265,48 euros durante el primer año; 6.701,52 durante el segundo; 8.137,56 euros en el tercer año; 9.573,60 euros en el cuarto; y la cifra de 12.445,69 euros tanto para el quinto, como para el sexto y séptimo año. En total, 67.015,23 euros sin el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) incluido.

El proceso lo ganó la empresa Superfilla 78 pero un recurso paralizó. La concesión no llegó a ejecutarse y nunca más se supo de actividad entre sus paredes centenarias. El local va camino de cumplir diez años cerrado.

Otros de los dos establecimientos públicos en concesión que permanecen sin actividad, uno de ellos de forma crónica, coinciden en el mismo tramo litoral: el paseo marítimo que une el barrio de Astilleros y la Avenida de la Bahía por debajo del puente de la Constitución de 1812 .

El ubicado en la avenida de la Bahía, a mitad del trayecto longitudinal de la Barriada de La Paz, acumula casi diez años de inactividad. Más allá de la que tuvo en su inauguración (año 2010) a cargo de la empresa Baro durante 15 meses, ha permanecido cerrado y abandonado pese a los intentos de reactivar su concesión . Los últimos datan de septiembre y diciembre, cuando la Junta de Gobierno abrió plazos para presentar «ofertas para optar a la concesión demanial para la explotación de local destinado a establecimiento de hostelería sin música en el Paseo Marítimo de la Barriada de la Paz».

La concesión de este establecimiento hostelero salió a concurso público por un precio de 180.480 euros durante un periodo de diez años . «El local se conserva en buen estado y en correcta condiciones, limpio de enseres y sin deterioro», aseguraba el Ayuntamiento. Los vecinos de la zona tienen derecho a discrepar. «El establecimiento deberá estar abierto al público de forma permanente y el horario será el regulado en cada momento por la normativa vigente».

El hecho de que uno de estos locales salga a concesión pública no garantiza su actividad. Un ejemplo está cerca, a menos de un kilómetro, en el mismo borde marítimo a la altura del barrio de Astilleros y de su piscina pública.

El kiosco-terraza que fuera 180º, con notable éxito de público desde 2015 hasta 2019, de la mano del hostelero argentino Leandro Taddía, cumple ya tres años cerrado y abandonado . El mencionado empresario renunció a optar a la renovación en 2019 y la concesión la obtuvo la empresa malagueña Los Anillos del Pueblo SL que también se hizo con el kiosco de la Alameda Apodaca (en este último caso por 15.000 euros). Sin embargo, la Alameda Apodaca sí ha tenido actividad constante desde entonces y el primero no ha vuelto a abrir.