Tribunales | Onda Cádiz
«Solo damos indicaciones sobre los contenidos editoriales, no de estructura»
Llega a juicio la demanda por supuesta cesión ilegal de trabajadores contra Onda Cádiz y la productora adjudicataria. Los tres últimos gerentes de la cadena niegan que exista cualquier intromisión o dependencia laboral de los empleados entre la televisión municipal y Olvido Producciones
El Juzgado de lo Social número uno de Cádiz ha acogido este jueves la celebración del juicio tras la demanda presentada por el sindicato Autonomía Obrera, en representación de empleados de la empresa adjudicataria Olvido Producciones, contra Onda Cádiz y el Ayuntamiento de Cádiz al considerar que existe una cesión ilegal de trabajadores entre el medio de comunicación municipal y dicha sociedad concesionaria.
Lo que se dirime es si los trabajadores están sujetos a la organización, estructura y el dictamen de la cadena pública a pesar de pertenecer a otra sociedad que ejerce sus labores para ella, tal y como ha denunciado el sindicato alegando que no solo comparten tareas sino que también coinciden en espacios físicos y medios materiales y, entendiendo que sí existe por tanto esta supuesta cesión ilegal.
A la vista oral han acudido los representantes legales de ambas sociedades. Por parte de Onda Cádiz, su actual gerente Carmen Fernández Morillo, y por Olvido Producciones, su administrador Enrique Miranda. También han estado presentes tres delegados sindicales de los trabajadores aunque no han declarado ya que las partes no lo han solicitado en el procedimiento. Y además han acudido como testigos los dos anteriores gerentes de la cadena, Inmaculada Macías y Joaquín Castro, quienes sí han declarado ante el juez a todas las preguntas que se les ha formulado.
El letrado de Autonomía Obrera ha alegado en cuestiones previas la razón de la demanda . Según ha insistido, aportando además diversos documentos a la causa, el objeto del pleito es una «cesión estructural plural» ya que, como ha afirmado, esta circunstancia afecta a la totalidad de los 34 trabajadores de la productora quienes, según asegura, realizan sus funciones de manera dependiente de Onda Cádiz y no como un servicio meramente externo. «Onda Cádiz determina cuáles son los programas, sus trabajadores y qué contenidos tiene que tener», ha afirmado.
Por contra, el abogado de la otra parte ha expuesto una versión completamente contraria. El letrado ha aportado una extensa documentación jurídica con sentencias ya firmes -incluso de la misma sala- con las que sostiene que tal dependencia ilícita no existe. Según ha reiterado, ambas sociedades son estructuras «independientes y cada una de ellas tiene su propio organigrama». En este sentido, ha alegado que sí se dan órdenes o hay alguna intromisión laboral entra dentro de lo lícito y que este extremo se contempla en el pliego de la labor organizativa y fiscalizadora de una empresa contratadora hacia la adjudicataria. «Esto es una demanda temeraria. Hay incluso un pliego que recoge este funcionamiento y está aprobado en licitación pública», ha sostenido.
«Solo contenidos»
Los tres gerentes que han declarado han coincidido en sus explicaciones sobre cómo desempeñan o han desempeñado sus funciones a este respecto. Carmen Fernández Morillo ha insistido que su trato como responsable de Onda Cádiz es solo con la coordinadora de contenidos y con el administrador de la productora. «Las cuestiones editoriales sí las marca Onda Cádiz y por ello se mantienen las reuniones pero no entro a valorar cómo se tienen que organizar. Solo doy indicaciones sobre la línea editorial».
Según ha explicado, este sistema de arrendamiento está regulado y supervisado por el Consejo Audiovisual de Andalucía en aras de mantener una televisión pública con calidad. En este sentido, ha añadido, que incluso se exige en los pliegos que se les ceda el uso de instalaciones o de medios técnicos si es necesario, respondiendo a la parte demandante que cuestiona que usen indistintamente los coches, cámaras, o estudios, entre otros.
En la misma línea han ofrecido su testimonio los dos anteriores gerentes. Joaquín Castro, responsable desde 2015 a 2017, y director administrativo desde 2006, quien ha manifestado que la fórmula de externalización de contenidos a productoras no es nueva y que siempre ha sido lo «habitual» en Onda Cádiz y en otras televisiones públicas debido al progresivo crecimiento de la cantidad de contenido que tenían que ofrecer. Aún así, ha reiterado que «es la propia productora la que organiza su empresa».
Inmaculada Macías, gerente de 2018 a 2019, ha asegurado también que su relación laboral en cuanto a contenidos o indicaciones era exclusivamente con los coordinadores por su labor de dirección y supervisión pero que se mantenía al margen en temas de estructuras y otras gestiones del personal.
Por último el administrador de Olvido Producciones, Enrique Miranda, ha expuesto que las funciones de su empresa como auxiliar son las que vienen recogidas en el pliego de licitación acordado y controlado tras cinco adjudicaciones y dos prórrogas aprobadas por unanimidad. En este sentido ha manifestado que siempre ha facturado como Olvido Producciones y que la cobertura de eventos como la retransmisiones del Cádiz C.F. o el Carnaval las hacen en nombre de Onda Cádiz porque así lo exigen sus organizadores en las acreditaciones que se dan a productoras ya que se entiende que acuden ejerciendo su servicio informativo para esa cadena.
Sobre la gestión del personal (prevención, control de horarios, permisos, vacaciones...), Miranda ha reiterado que todo ello depende de su gestión aunque pueda llegar a consultar algunos temas puntuales por asuntos de coordinación para así garantizar el cumplimiento de la programación, etc... «Yo como empresa me presenté a un contrato por licitación porque tenía capacidad de asumirlo y con total transparencia. No hay más», ha concluido.
Tras la vista oral y una vez que se revisen todas las pruebas presentadas el juez emitirá su veredicto que determinará si existe o no esa cesión ilegal.
Noticias relacionadas
