Cádiz
Sentencia contra el Ayuntamiento por la «cesión ilegal» de cuatro trabajadoras
El Juzgado de lo Social nº2 otorga el derecho a más de la mitad de la plantilla de informadoras turísticas a ser integradas como personal laboral en el Consistorio
El abogado de las informadoras considera que es hora de retomar el acuerdo sobre la municipalización.
El Juzgado de lo Social número 2 de Cádiz ha fallado en contra del Ayuntamiento gaditano en el segundo juicio celebrado el pasado 17 de diciembre en relación a la denuncia presentada por la plantilla de informadoras turísticas de la capital ante una posible «cesión ilegal» de trabajadores de la empresa Manpower al Consistorio.
Esta sentencia beneficia a cuatro de las siete empleadas de las oficinas de Canalejas y Avenida, es decir, a más de la mitad de la plantilla, quedando aún un juicio por celebrarse en el próximo mes de abril que afecta a una trabajadora.
Recordar a su vez que ya hay una sentencia a favor del Ayuntamiento del pasado septiembre que afectaba a dos informadoras turísticas aunque ya está recurrida por parte del asesor jurídico de este colectivo, Miguel Segado .
Esta segunda sentencia estima que, tal y como advirtieron las propias trabajadoras, su abogado y hasta la Inspección de Trabajo, hubo «cesión ilegal», es decir, que estas mujeres estuvieron ejerciendo las mismas funciones que personal municipal sin estar igualmente retribuidas ni contar con las mismas condiciones laborales .
En el fallo, el Juzgado de lo Social número 2 ofrece a estas cuatro informadoras el derecho a integrarse en la plantilla municipal como personal laboral .
Segado asegura que esperará unos días para conocer la postura que adoptará el Ayuntamiento de Cádiz respecto a esta sentencia antes de solicitar la ejecución provisional de la misma, con el objetivo de que estas cuatro trabajadoras pasen a contar con las mismas condiciones laborales que el resto de personal laboral del Consistorio.
Municipalización del servicio
Por otro lado, el abogado recuerda que existe un acuerdo plenario del año 2016 en el que se aprobó la municipalización del servicio que aún no se ha cumplido y que esta sentencia es la oportunidad para que el equipo de Gobierno «se siente con nosotros para analizar la situación y buscar una salida y una solución lo más favorable posible para estas trabajadoras».
El abogado entiende que desde el Ayuntamiento se está desviando este asunto hablando del nuevo pliego y de la subrogación «cuando no tiene absolutamente nada que ver con la situación que estamos en la actualidad». Asegura que se ha aprobado en un pleno del Ayuntamiento la municipalización del servicio, acuerdo que -a su juicio- «debe cumplirse».
En la sentencia emitida por el Juzgado de lo Social número dos se condena a su vez tanto al Ayuntamiento gaditano como a la empresa que presta el servicio a abonar una serie de cantidades económicas a las cuatro trabajadoras de «modo solidario» como compensación por el trabajo realizado durante este tiempo sin que fuera igual que el resto del personal dependiente del Ayuntamiento.
No obstante y «aunque no sea lo más importante ahora», asegura el abogado, se pedirá una revisión de estos abonos ya que, en su opinión, no se ajustan a las tablas salariales estipuladas.
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