SERVICIOS PÚBLICOS
La remunicipalización de Podemos no garantiza la continuidad de los trabajadores
Con la remunicipalización planteada, los trabajadores de los servicios de playas no cuentan con todas las garantías de continuar con sus empleos.
La remunicipalización de los servicios de playas que pretende llevar a cabo el equipo de Gobierno de Podemos y Ganar Cádiz en común no garantizará la continuidad de los empleos de los trabajadores de las empresas que en estos momentos están llevando a cabo estas tareas.
Así se desprende de un informe del interventor , que advierte de que «la incorporación del personal con carácter definitivo, y teniendo en cuenta la pertenencia al sector público local de las empresas municipales, precisa la realización de procesos selectivos para acreditar el cumplimiento de los principios de publicidad, mérito y capacidad en la selección de personal, según lo dispuesto en el artículo 2 y Disposición Adicional 1ª del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público».
Con este informe, queda claro que aunque se produzca una subrrogación de los trabajadores desde estas empresas privadas, no dejan de pasar a una empresa pública, como es Cádiz 2000 , que deberá de modificar su objeto social y pasar a contar de menos de una decena de empleados a más de 200.
Los trabajadores, una vez que pasen a formar parte de dicha empresa pública, tendrán una consideración de indefinidos y no fijos, por lo que el carácter indefinido se convierte en temporal ya que posteriormente tendrá que celebrarse un proceso de selección según marca la Ley . Dicho proceso tendrá que ser abierto a toda la ciudadanía en general, por lo que muchos de los trabajadores que pasen a formar parte de la plantilla y que no superen las pruebas de selección podrían verse en la calle.
Ante esta situación, además de muchas otras «lagunas» que contiene la remunicipalización que quiere poner en marcha el equipo de Gobierno para conseguir que estos los servicios de playas se recuperen para el próximo verano, los grupos de la oposición han mostrado su rechazo al mismo y han solicitado información y documentación al respecto para que el proceso se haga con todas las «garantías suficientes».
Tanto PP como PSOE y Ciudadanos han calificado de «chapuza» esta operación y han planteado algunas dudas legales que quieren que sean aclaradas antes de que se lleve a Pleno cualquier propuesta.
Así lo manifestaron en la última comisión para la remunicipalización de servicios que se celebró esta semana en el Ayuntamiento de Cádiz y que suscitó la postura contraria de toda la oposición a la propuesta del Gobierno local.
El equipo de Gobierno, aunque ha hablado también de municipalizar otros servicios públicos de la ciudad, como la limpieza y recogida de residuos o el transporte, ha querido comenzar con los de playas con el objetivo de que el proceso estuviera culminado para la próxima temporada estival.
Concretamente, se pretende recuperar el servicio de limpieza de las arenas, recogida de residuos, conservación y mantenimiento e infraestructuras en las playas; la asistencia sanitaria y salvamento y socorrismo en las playas en el término municipal de Cádiz y la limpieza y mantenimiento de los móduos de vestuarios y servicios en las playas Victoria, Caleta, Cortadura y Santa María del Mar.
Por otro lado, el equipo de Gobierno también ha planteado la posibilidad de recuperar los servicios de información turística , que también serían asumidos por la empresa Cádiz 2000, que actualmente gestiona el Palacio de Congresos de la capital.
La oposición no lo ve claro
Desde el Partido Popular se han solicitado más de diez informes ante las «dudas» planteadas en base a la documentación entregada para la última comisión de remunicipalización. Uno de ellos hace referencia a la plantilla y a la advertencia del interventor. Por ello, los populares han pedido un informe sobre la valoración que hayan realizado los representantes de los trabajadores de las tres empresas concesionarias de playas «indicando de manera expresa que han tenido conocimiento de lo expresado por Intervención, y en su caso las posibles discrepancias sobre estar o no ante un proceso de sucesión de empresas o de cambio de modelo de gestión, lo que implicaría el acceso a la función pública mediante los requisitos legales exigidos».
Por su parte, el PSOE ha solicitado también un informe del interventor y del secretario del Ayuntamiento para conocer las «posibles consecuencias y responsabilidades jurídicas» que podrían derivarse de este proceso de remunicipalización ya que que «afecta a servicios básicos de la ciudad, a cientos de trabajadores y al propio Ayuntamiento de Cádiz».
Por la puerta de atrás
Ciudadanos insistió también en que Pérez Dorao «el procedimiento de remunicipalización que plantea el equipo de gobierno resulta incompatible con los principios de igualdad, capacidad y mérito que deben regir los criterios de contratación por parte de las administraciones públicas.
Si se hace tal y como plantea el Gobierno local, mediante subrogación del personal, sería entrar por la puerta de atrás ».
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