La regulación laboral del IFEF deja en la calle a tres trabajadoras

La regulación laboral llevada a cabo en el Instituto de Fomento, Empleo y Formación (IFEF) del Ayuntamiento de Cádiz tiene sus costes personales. Tres trabajadoras se quedarán en la calle después de que todos sus compañeros hayan pasado a ser indefinidos no fijos . El órgano municipal ha formalizado los contratos de 32 empleados para cumplir con la resolución de la Inspección de Trabajo y en ese grupo se ha incluido a uno más que denunció su caso y cuenta con una sentencia que le reconoce el derecho.

Pero estas tres empleadas «no cumplen la causalidad necesaria para ajustarse al proceso» o al menos esa ha sido la explicación para dejarlas fuera que se esgrime en los informes técnicos del área de Personal del Consistorio y del IFEF -que, no olvidemos, es el mismo órgano que venía realizando estos contratos en fraude de ley-. Al parecer, entienden que no se dan las causas que recoge el expediente de la Inspección, que son la concatenación de contratos y una justificación insuficiente para ser temporales. Sin embargo, lo que parecen obviar ambos informes es que los inspectores de Trabajo sí exigen que «todos pasen a ser indefinidos».

A la hora de pedir explicaciones sobre estas discrepancias, el Consistorio se remite a estos dictámenes para explicar la salida de las tres empleadas y confirma que la próxima semana recibirán la carta de despido. Fuentes municipales aclaran que « la decisión no la toma el equipo de Gobierno , sino el consejo rector del IFEF en base a informes que han realizado técnicos municipales». Pero ante tanta formalidad, las afectadas recuerdan las palabras de la concejala de Fomento, Laura Jiménez , y del propio alcalde, José María González , que se comprometieron a cumplir escrupulosamente lo que les indicara la Inspección. «¿Dónde quedan ahora los compromisos?», se cuestiona Olga Budiño , una de las empleadas que será despedida tras pasar 14 años vinculada al instituto municipal .

Budiño ha sido coordinadora de programas como el Urbana y ha trabajado en la preparación de los proyectos para la estrategia Edusi , la denominación del nuevo marco de fondos europeos. «Yo era la que me sentaba con Martín Vila y Laura Jiménez para tratar este asunto, así que no pueden negar que he realizado funciones para las que no estaba contratada y eso es un fraude de ley, pero curiosamente ninguno de los informes técnicos debe recogerlo, porque sólo se centran en una causa y no hablan de las demás». También muestra sus dudas sobre la forma de proceder, dando luz verde a una regulación y criticando el informe de la Inspección que la edil de Fomento consideró que estaba «plagado de carencias» . Por eso se cuestiona: «¿Si no lo tienen claro, por qué han tomado una decisión apresurada que tiene graves consecuencias para tres personas?»

Esta trabajadora lamenta igualmente las formas, pues la noticia del despido la recibían de los delegados de personal y no de ninguno de los responsables. «Ni la concejala, ni el gerente del IFEF se han dignado a comunicárnoslo. Tampoco tenemos notificación formal, así que el lunes vamos a ir a nuestro puesto de trabajo», señala.

La indignación la comparte su compañera, Pilar Castro , que ejerce como técnico desde 2009. Asegura que «desde hace tiempo las tareas en el instituto municipal no están definidas y todos hacemos de todo ». Por eso dice no entender cuáles han sido los criterios a seguir para decir quién es indefinido y quién se va a la calle. Tampoco entiende el silencio de los responsables cuando « Laura Jiménez ha hablado siempre de la regularización de 36 trabajadores y se le llena la boca diciendo que van a cumplir la ley y a enmendar la chapuza del PP».

También lamenta la falta de apoyo del resto de grupos políticos que tienen voto en el consejo rector del IFEF y que el pasado jueves votaron a favor del proceso de regularización. «El PSOE preguntó por los cinco compañeros que fueron despedidos a final de año y no por nosotros que estamos en la misma situación que los que van a hacer indefinidos». Castro advierte de que van a llevar el asunto a la justicia y recuerda que «si no se cumple el requerimiento de la Inspección tendrán que abonar también la multa que le impongan». «Todo eso saldrá del bolsillo de los gaditanos», recuerda.