'Quality Food', el caso eterno

El juicio se celebró y la sentencia se emitió en septiembre también de 2019 . Pero ahora, esta semana se conocía que el Tribunal Supremo ha tumbado este fallo al admitir uno de los recursos de «indefensión» presentado por la defensa del empresario. Y tras esta resolución del Alto Tribunal se tendrá que repetir la vista oral para las tres de las seis personas que resultaron condenadas. Esto es, Manuel García Gallardo, el fundador de Quality Food, que había sido condenado a diez años de prisión por los delitos de estafa, falsedad documental y apropiación indebida; Víctor Ocaña, director de una sucursal bancaria donde García Gallardo tenía cuentas, y al que se le impuso una pena de cuatro años; y AnaGallardo, madre de Manuel, que asumió responsabilidades civiles pero no penales.

El dictamen considera que se tiene que repetir este juicio en un una sala distinta –no podrá ser de nuevo la Tercera– y condena en costas en el recurso de casación a la Abogacía del Estado y al PSOE, que se presentaron como acusación en este proceso judicial. Es decir, la resolución definitiva de este asunto se seguirá dilatando todavía más años, más de tres lustros . Se tendrá que volver a señalar en una agenda ya bastante cerrada y completa, celebrar las sesiones y que el nuevo tribunal dictamine. Y, tras esto, otra vez se abrirá el plazo de recursos ante el Supremo que tendrá que volver a decidir sobre el fallo.

El Alto Tribunal considera que los abogados de García Gallardo tuvieron razón al protestar porque no se admitiera como prueba pericial un informe económico que quisieron aportar antes de la celebración del juicio y que, según ellos, justificaba la legalidad de los movimientos financieros de la empresa cuestionada.

Y por este motivo habrá que volver de nuevo a atrás. El ‘caso Quality Food’ tiene su origen en el año 2000 cuando esta sociedad fue creada por García Gallardo y sus padres. Un año después, Zona Franca por mediación del entonces delegado del PP, Miguel Osuna, entró a través de Sogebac, en el accionariado de la compañía. Pero la aventura de Quality acabó en denuncias y en una operación que supuso el rescate de una sociedad de «dudosa rentabilidad y peor futuro» (según mantiene la Fiscalía) y que, como se acusa, llegó a costar más de cinco millones al erario público. Y en toda esta telaraña, lo que básicamente se dirime es si en este proceso hubo irregularidades, como si se ocultó información al comité deZona Franca sobre que se compraran títulos a un valor muy superior al real y si el empresario engañó a la entidad para conseguir sus fines.

Como se recordará, tras las denuncias y la apertura del caso, el juzgado número tres de Cádiz cerró la instrucción en 2015 en un auto en el que mantenía la acusación contra el empresario, su familia, Osuna y el que fue su jefe de gabinete, José Manuel Fedriani, exdirector de la Zona Franca y exgestor de proyectos en el Consorcio, quien abandonó su cargo directivo en 2016 tras ratificarse las acusaciones y peticiones de cárcel para él y tras otra intensa polvareda mediática y política.

También a finales de octubre de 2016 la Fiscalía remitía al juzgado su escrito de acusación y solicitaba la apertura de juicio oral contra todos los supuestos implicados en este segundo gran agujero económico –tras el desastre de Rilco de Rodríguez de Castro– que se abrió en las cuentas de la Zona Franca.

El Ministerio Público solicitaba entonces para todos ellos penas que iban desde los 16 años y siete meses de cárcel hasta los 10 por haber cometido presuntamente diferentes delitos. Se les acusaba de maquillar las posibilidades de negocio de la firma de productos alimenticios para obtener sucesivas operaciones crediticias. El Ministerio Público señalaba además de al principal acusado (el empresario), al ex responsable popular de la Zona Franca, Miguel Osuna como partícipe de las presuntas argucias cometidas, asegurando que favoreció a dicha compañía ocultando información y sobrevalorando sus posibilidades. Para él y para el que fuera su jefe de gabinete, José Manuel Fedriani, pedía diez años de prisión.

Sin embargo ambos directivos fueron absueltos en la sentencia de la Audiencia de Cádiz, una decisión que seguirá intacta ya que la repetición del juicio no afecta a su proceso judicial. El tribunal consideró que «no ha quedado acreditada responsabilidad alguna» en los hechos y en los delitos que se les atribuían. Aunque sí hubo un voto particular de uno de los magistrados en contra de la exculpación de Osuna.

Tras su absolución el que fue delegado de la Zona Franca por el PPy tras su salida, inspector de Hacienda en Córdoba, se mostró emocionado ante los medios asegurando que la pena de banquillo le había resultado un «verdadero calvario» pero que, al menos, agradecía que finalmente su prestigio hubiera sido «salvado».

No recorrió el mismo camino García Gallardo quien sí fue condenado. El empresario siempre ha defendido su inocencia manteniendo que la acusación que se le imputa es «completamente falsa». Como ha denunciado en varias ocasiones y también hizo en el juicio todo se debe a que, según siempre su versión, Zona Franca se niega a pagarle una deuda que tiene contraída con él y su familia a raíz del cierre de Quality. En concreto, se refiere, al pago de una indemnización de 13,5 millones de euros que en el proceso mercantil –también sobre este asunto– se determinó que el Consorcio tenía que abonarles por el valor de las acciones que no adquirieron finalmente aunque estaban obligados.

Durante el juicio que se celebró en Cádiz se pintó una empresa desde dos puntos muy diferentes. Uno, el que mantuvo que necesitaba «urgentemente» de esas subvenciones y participaciones del Consorcio. Mientras que García Gallardo describió una empresa con un gran potencial que estaba creciendo y que tenía sobre la mesa contratos millonarios. Además aseguró que se pusieron en contacto con ellos cuando tenían la sede en El Puerto y querían que se establecieran en Cádiz. Todo ello, posibles intereses, auditorías y muchas cuentas y papeles volverán a ponerse delante de un tribunal.