SERVICIOS PÚBLICOS
PP y Ciudadanos dudan sobre la viabilidad legal y económica de la municipalización
El sindicato de la Policía Local presenta también alegaciones mostrando su preocupación e inquietud por el proceso y los posibles «efectos colaterales»
Los grupos municipales del Partido Popular y Ciudadanos , además de la Unión de Policías Locales y Bomberos de Andalucía , han presentado alegaciones al proceso de municipalización de los servicios de playas iniciado por el equipo de Gobierno -con el apoyo del PSOE- en el pleno del pasado mes de enero.
En esta sesión se aprobaba la memoria de la comisión de estudio de remunicipalización de los servicios de limpieza de arenas, recogida de residuos, conservación y mantenimiento de los equipamientos e infraestructuras en las playas, del servicio de asistencia sanitaria y socorrismo y, por último, del mantenimiento de los vestuarios.
Culminado el período de exposición pública y de presentación de alegaciones el pasado 15 de marzo, los dos partidos políticos y el sindicato de la Policía Local han sido los únicos en hacerlo. Han alegando dudas, incertidumbre y preocupación en un proceso iniciado por parte del equipo de Gobierno y que pretende que sea una realidad el próximo 1 de junio , coincidiendo con el inicio de la temporada de playas.
Las alegaciones de Ciudadanos se centran -según explicó hace unos días su portavoz, Juan Manuel Pérez Dorao- en el « criterio puramente ideológico seguido en la tramitación del expediente, sin examinar correctamente cuestiones como el coste de la mano de obra del servicio de limpieza de arenas, el coste de indemnización por cese o despido a los trabajadores de los servicios internalizados, el coste del refuerzo de la estructura administrativa y de gestión de la sociedad Cádiz 2000 S.A, y el posible fraude de Ley al integrar el servicio en una empresa cuyo objeto social es completamente diferente del que sería necesario para asumir los servicios internalizados».
Con respecto a este último aspecto, la formación naranja recuerda que el planteamiento inicial era la internalización de los servicios en la empresa Aguas de Cádiz aunque finalmente se abandonó la idea al considerar el coste económico, que afectaba seriamente a la sostenibilidad financiera. A juicio de Ciudadanos, «el procedimiento que se ha buscado ahora integrándolo en Cádiz 2000 es el de modificar de forma grosera el objeto social de esta mercantil, convirtiéndola en algo totalmente distinto de lo que inicialmente era».
En sus alegaciones insisten a su vez en que «acudir a un procedimiento de ingeniería societaria podría constituir fraude de Ley al camuflar bajo la apariencia de una modificación estatutaria lo que realmente es la constitución de algo completamente nuevo y diferente , como si en realidad se tratase de la creación de una nueva sociedad mercantil de titularidad municipal».
Acceso al empleo público
Por su parte, el Partido Popular solicita en sus reclamaciones a la memoria aprobada en el pleno que se rechace por su «inviabilidad legal y económica» .
Según explican en su escrito de alegaciones, los populares consideran que esta memoria vulnera la normativa de acceso y selección de personal asegurando que se violarían los principios fundamentales de acceso al empleo público.
Asímismo, confirman que se estaría infringiendo la propia Constitución española en sus artículos 23, donde se establece el «derecho de los ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes» y 103, donde se habla del acceso a la función pública de acuerdo con los principios de «mérito y capacidad» .
Por otro lado, hacen referencia a la «supuesta sucesión de empresas , que es más bien un cambio de modelo de gestión ya que se pasa de una gestión indirecta a una directa». Apuntan que esto implica «el acceso a la función pública mediante los requisitos legales pertinentes».
Los populares reclaman también un informe por el que se estudie «la viabilidad de la municipalización, las responsabilidades patrimoniales, contables, administrativas y las que puedan derivarse y que fuera elaborado por una empresa auditora de reconocido prestigio». Apuntan que «todo lo que aparece es un informe de la empresa Urbakas Sur SL, que casualmente es propiedad de un ex concejal de Izquierda Unida».
Por último, también alertan de que no se informa sobre los incrementos económicos previstos con las aprobaciones de los convenios colectivos.
