PP pide que familias vulnerables no paguen el IBI en viviendas municipales

El Grupo Municipal Popular va a proponer en el pleno ordinario del próximo viernes que el equipo de Gobierno acuerde no repercutir el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los inquilinos del parque municipal de viviendas que obtengan informe favorable de la delegación municipal de Servicios Sociales realizado expresamente para tal fin y según el criterio que establezcan los técnicos.

Los populares recuerdan que la ciudad de Cádiz tiene un parque público de vivienda que asciende a 3.709 pisos, de los que 2.059 corresponden a la Junta de Andalucía y 1.650 al Consistorio gaditano. Recalcan que es precisamente el Ayuntamiento el que gestiona un mayor número de ellas ya que mediante varios acuerdos se previó la gestión municipal de varias fincas de la comunidad autónoma, ascendiendo a 2.123 viviendas públicas las que están bajo la tutela municipal.

Desde el Grupo Municipal Popular apuntan que muchas de estas viviendas son ocupadas por familias cuya situación social no ha mejorado lo suficiente desde que fueron adjudicatarios de las mismas «como para que las diferentes administraciones con competencias en servicios sociales se desentiendan de ellas en la concesión de ayudas de diferente índole».

Los populares insisten en que el Impuesto de Bienes Inmuebles es uno de los que mayor repercusión tiene en las familias, siendo en algunos casos un verdadero problema afrontar el pago del mismo en los diferentes recibos que puede girar la administración local sobre este impuesto, por lo que creen más que necesaria la aprobación de esta medida.

Por otro lado, la delegación de Servicos Sociales del Ayuntamiento, añaden los populares, tiene instrumentos suficientes como para baremar la situación económica de las familias usuarias de esa delegación, «sean o no inquilinos del parque público de vivienda bien de la Junta de Andalucía o del Ayuntamiento de Cádiz».

Asimismo, en un segundo punto de la propuesta, el Grupo Municipal Popular insta a la administración autonómica a que no repercuta el IBI a los inquilinos en su parque público de viviendas en la ciudad «siempre que los mismos obtengan el informe favorable de la delegación municipal de Servicios Sociales , al igual que ocurriría con las municipales, realizado con ese objetivo y según el criterio establecido por los técnicos de este área municipal».