ALUMBRADO
El PP acude al contencioso para forzar la convocatoria de la comisión del alumbrado
Los populares reclaman el cumplimiento del acuerdo plenario del 28 de julio de 2017 para fiscalizar el contrato de la iluminación extraordinaria de 2016
Los populares insisten en el cumplimiento del acuerdo de Pleno de crear una comisión de investigación.
El alumbrado extraordinario de la Navidad sigue siendo uno de los asuntos objeto de polémica en la ciudad. A las recientes críticas de comerciantes y vecinos por el retraso y la falta de planificación en la colocación de los exornos navideños en la pasada campaña, se une la comisión de investigación sobre el contrato firmado en el año 2016 entre el Ayuntamiento y Eléctrica de Cádiz para ampliar la iluminación en varias calles de la capital.
El PP, que ya llevó este asunto ante la Fiscalía al entender que se había producido por parte del equipo de Gobierno una ocultación de información, insiste además en que se podría haber cometido una presunta «prevaricación» en el procedimiento ya que el citado convenio no pasó ni por el consejo de administración de la empresa Eléctrica de Cádiz ni por la Junta de Gobierno Local.
Independientemente a este proceso en Fiscalía, a la que ya ha acudido a declarar el alcalde de la ciudad, José María González Santos, el pasado 18 de diciembre, se ha presentado de forma oficial ante el juzgado de lo contencioso administrativo por parte del concejal popular José Blas Fernández una demanda para exigir el cumplimiento del acuerdo plenario del 28 de julio de 2017 .
En concreto, del punto 13 del orden del día, que consistía en una propuesta del PP en la que se pedía la constitución de «una comisión de investigación con representación de todos los grupos municipales con la función de fiscalización y control del contrato de alumbrado extraordinario de Navidad de la campaña 2016-2017 y el convenio firmado entre el Ayuntamiento y la empresa Eléctrica de Cádiz para la ampliación de dicho alumbrado».
La demanda presentada por el dirigente popular recuerda que esta iniciativa fue aprobada por unanimidad aunque «dicho acuerdo nunca ha sido ejecutado», por lo que el edil popular manifiesta que lo requirió en varias ocasiones « sin obtener una respuesta satisfactoria a su pretensión».
José Blas Fernández basa su demanda en el artículo 29 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en el que se especifica que «cuando la administración no ejecute sus actos firmes podrán los afectados solicitar su ejecución y si ésta no se produce en el plazo de un mes desde tal petición, podrán los solicitantes formular un recurso contencioso administrativo», es decir, lo que ha hecho el representante popular.
Preservar los intereses de Cádiz
Para Fernández, «un funcionamiento anormal de la administración, en este caso del Ayuntamiento de Cádiz, no puede ni debe paralizar un acuerdo plenario cuyo fin primordial es preservar los intereses de los ciudadanos de Cádiz ».
En opinión del edil del PP, existe cierta «reticencia» por parte del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz para crear esta comisión de investigación aprobada por la unanimidad de los grupos representados en el Pleno municipal. Es por ello, que los populares han decidido llevar este caso hasta el juzgado de lo contencioso administrativo para que sea la justicia la que determine qué hacer.
Así, el Partido Popular intenta forzar por la vía legal la convocatoria de esta comisión «ante la desidia e inacción del Gobierno local ». Insiste el concejal popular que «nos encontramos ante una vía en la que no se insta a su señoría una pretensión declarativa sino de condena ».
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