SERVICIOS MUNICIPALES
Podemos aplaza la municipalización confiando en convencer a un PSOE lleno de dudas
Los socialistas dicen que la prueba más firme de su incertidumbre está en que el propio alcalde pidió dejar sobre la mesa este asunto para completar la información
El alcalde ha propuesto el aplazamiento del pleno sobre municipalización previsto para este viernes.
El alcalde, José María González Santos , ha pedido este martes en la comisión informativa de Presidencia dejar sobre la mesa el expediente de municipalización de los servicios de playas después de que se anunciara que este viernes se celebraría un pleno extraordinario para sacar adelante esta propuesta del Gobierno local.
En esta comisión, en la que se valoraban las alegaciones presentadas por el PP, Ciudadanos y el Sindicato de la Policía Local, se decidió por parte del alcalde el aplazamiento de este proceso tras las dudas planteadas por populares y socialistas en los consejos de administración de las empresas Aguas de Cádiz y Cádiz 2000.
Esta desconfianza, también mostrada por el grupo municipal Ciudadanos aunque no tenga representación en estos consejos, impiden al equipo de Gobierno contar con los apoyos suficientes para que la municipalización sea una realidad.
A la espera de convencer al PSOE, único grupo que ha mostrado abiertamente que está de acuerdo con la internalización del servicio aunque «con garantías», Podemos tiene puestas todas sus esperanzas en desbloquear la situación actual y que el próximo 1 de junio pueda comenzar a implantarse la municipalización en la ciudad.
Para ello, se convocará de nuevo los consejos de administración para la aprobación del cambio de objeto social de la empresa , que pasará su vez a Junta General y, posteriormente, se convocará el pleno para abordar las alegaciones.
El portavoz del grupo municipal socialista, Fran González , ha defendido que «desde el PSOE se está defendiendo la calidad en la prestación de los servicios, la imagen de la ciudad y la estabilidad y calidad en el empleo de los trabajadores ». Ha añadido que «la prueba de que nuestras dudas están fundamentadas en que el alcalde ha tenido que dejar el asunto encima de la mesa para completar toda la información necesaria ya que, hasta hoy, no nos han entregado los informes respecto a algunas de esas cuestiones».
Los socialistas han reclamado tres cuestiones: un informe del secretario municipal constatando que el cambio en los objetos sociales de Cádiz 2000 y Aguas de Cádiz no incurre en fraude de ley, un cronograma en el que se especifiquen los plazos del proceso y el tipo de prueba de selección del personal y, por último, un seguro de responsabilidad civil para dar cobertura legal a los consejeros, técnicos y gerentes implicados. Al cronograma, los socialistas añaden una posible fórmula de reversión de la municipalización para poder llevarla a cabo si el proceso no tiene éxito.
Un proceso «a ciegas»
Por su parte, el portavoz del PP, Ignacio Romaní , ha señalado que «es un proceso irregular que no está cumpliendo con lo dispuesto en la legislación vigente en muchos aspectos. Pero lo peor de todo es que es un empecinamiento del equipo de Gobierno que ya se ha demostrado que ni mejora el servicio de playas, ni lo abarata, y pone en peligro las condiciones laborales y los puestos de empleo de los trabajadores actuales».
A su juicio, la municipalización es «un proceso a ciegas , lleno de lagunas y de oscurantismo en el que el Gobierno local está intentando sacar a trompicones algo que no tiene el más mínimo viso de viabilidad». El PP ha vuelto a insistir en que puede existir un posible «fraude de ley» , al proponerse bajo la figura de un cambio de estatutos y de objeto social, que una empresa que se dedicaba a dar servicios a terceros con arrendamientos de espacios congresuales «cambie casi en un 90% su actividad para dedicarse a prestar servicio directo de otra índole ».
Ha añadido que en el informe entregado por el secretario general «se advierte de que los trabajadores no podrán tener ventajas en un proceso de selección que, primero provocará que muchos pierdan su trabajo y, segundo, obligará a unas indemnizaciones que no han sido calculadas».
Por otro lado, el portavoz de Ciudadanos , Juan Manuel Pérez Dorao, aseguró que «las alegaciones han sido contestadas pero el contenido que se les ha dado no ha servido para despejar las dudas que tenemos». Ha añadido que «la sensación de incertidumbre sigue siendo la misma que al principio. Sabemos que el servicio no se va a prestar en mejores condiciones, y no sabemos si el coste será menor al que tenía».
Ha indicado que no se han tenido en cuenta algunos costes como la indemnización que se ha de pagar a aquellas personas que no pasen el proceso de selección, el coste salarial del nuevo convenio que está pendiente de negociarse, el coste del seguro para los administradores de la sociedad o el incremento de la plantilla de Cádiz 2000, que tendrá que coordinar a las cerca de 300 personas».
Ante estas posturas, el alcalde ha manifestado que «el expediente de Cádiz está nutrido de numerosos informes solicitados por la oposición y cuenta con el visto bueno de la Secretaría General de este Ayuntamiento ».
Con respecto a las peticiones del PSOE, «las tomaremos en consideración» pero las del PP «vienen a poner de manifiesto que no comparte el modelo de gestión directa y no está a favor por lo que hace todo lo que puede por intentar obstaculizar».
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