Tribunales
Pilar Tubío admite que modificó un informe que permitió a una familia acceder a una vivienda social
Las dos trabajadoras sociales que elaboraron el dictamen inicial ratifican ante el juez que había familias con circunstancias «infinitamente peores»
El fiscal pidió para la acusada nueve años de inhabilitación por presunto delito de prevaricación administrativa. La acusación particular solicitó también al Tribunal más de cuatro años de prisión por falsedad en documento público
La coordinadora de la delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cádiz, Pilar Tubío , ha admitido este miércoles en el juicio oral por el ‘caso Matadero’ -celebrado en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial- que modificó un informe técnico con resultado negativo convirtiéndolo en favorable , permitiendo así a una familia gaditana acceder en el año 2013 a una vivienda social.
A preguntas del fiscal, la acusada aseguró que cambió este informe elaborado por dos trabajadoras sociales de la delegación, que consideraron que esta familia no cumplía con los requisitos ni con los baremos establecidos, basándose en criterios técnicos y atendiendo -según declaró- a la situación de «especial vulnerabilidad» y de «excepcionalidad» de dicha familia.
Estos hechos se remontan a hace siete años, cuando se adjudicaron un centenar de viviendas sociales en la promoción de Matadero bajo tres criterios: por realojo, por registro de demandantes de vivienda y por exclusión social. En el primer caso, era necesario un informe de Urbanismo y, en el último, de Servicios Sociales .
Todos los informes favorables que se hacían en Servicios Sociales se remitieron a la empresa municipal de vivienda Procasa, responsable de la adjudicación de dichas viviendas sociales, incluido este dictamen rectificado por la Coordinadora de Servicios Sociales y que permitió que finalmente la usuaria, su marido y sus dos hijos consiguieran ser adjudicatarios de una vivienda en Matadero .
Las dos trabajadoras sociales que se entrevistaron con la usuaria, que conocían su caso y que elaboraron el informe bajo los criterios y el baremo establecido en ese momento en la delegación, ratificaron en su declaración ante el juez que éste era negativo .
Además, que había familias en la capital gaditana en unas circunstancias «infinitamente peores» que las de estos adjudicatarios y que si tuvieran que volver a realizar el informe, el resultado sería el mismo: negativo.
La familia contaba con unos ingresos de aproximadamente 1.000 euros y tenían que pagar una renta de alquiler por la casa en la que vivían de 561 euros, de los cuales la delegación de Servicios Sociales aportaba un porcentaje de manera puntual y no periódica.
Las trabajadoras, ajenas al cambio
La acusada admitió a su vez que no comunicó a las dos trabajadoras sociales que había modificado el informe porque «no las encontré en ese momento en la delegación y no le dí ninguna importancia y yo como trabajadora social podía hacerlo».
Las dos profesionales insistieron en que en ningún momento se les informó de la modificación y que se enteraron con posterioridad que la vivienda se le había adjudicado a dicha usuaria a pesar de que su informe había sido negativo, hecho que les extrañó aunque nunca llegaron a hablar de manera directa del asunto con la que fuera su coordinadora en ese año, Pilar Tubío.
La acusada se defendió también en su intervención y a las preguntas del Fiscal asegurando que, aunque ella no solía hacer estos informes ni tratar directamente con las familias, había ocasiones en las que desde Alcaldía o desde la propia concejalía se le instaba a que atendiera a algunos usuarios.
Pilar Tubío aseguró, respecto a su intervención en este caso como Coordinadora de Asuntos Sociales, que «hice lo que tenía que hacer en ese momento a nivel técnico, moral y profesional» asegurando además que en todo este proceso de Matadero «yo nunca denuncié a nadie y se me ha utilizado con un claro interés político. Yo soy funcionaria, no política».
Aseguró que dejó su cargo intentando volver a su puesto original «pero no me dejaron y terminé en la Fundación Municipal de la Mujer». Ahora, desde hace unos años, ha vuelto a ocupar el puesto de Coordinadora de Servicios Sociales.
Las penas solicitadas
Desde la Fiscalía se pidió para la acusada nueve años de inhabilitación por presunta prevaricación administrativa.
Por su parte, desde la acusación particular, ejercida por las exconcejalas del PP entre 2011-2015 Mercedes Colombo y Carmen Sánchez, se achacó que hubo una intención clara por parte de la acusada de ocultar dicho dictamen «injusto y arbitrario» que había sido modificado por Tubío.
Es por ello que los letrados de la acusación particular pidieron diez años de inhabilitación por presunto delito de prevaricación administrativa y, por otro lado, cuatro años y medio de prisión por presunto delito de falsedad en documento .
Por último, la defensa pidió la absolución de ambos delitos al entender que no hubo ocultación, ni falsedad sino una «discrepancia sobre la valoración» por parte de Tubío del informe de las dos trabajadoras sociales.
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