TRIBUNALES
Osuna: «He mirado hasta la última peseta en el Consorcio, el dinero público es de todos»
El exdelegado del Gobierno sostiene que actuó de acuerdo a las normas de Zona Franca con Quality Food y según le marcaban los abogados del Estado
Segunda jornada del juicio sobre el 'caso Quality Food' en la Audiencia Provincial de Cádiz, la vista que trata de dilucidar si el empresario Manuel García Gallardo y dos excargos del Consorcio de la Zona Franca urdieron una trama financiera para cometer un fraude millonario a las arcas públicas a través de la creación de la empresa Quality Food y su participación en ella.
Este miércoles seguía el turno de declaraciones de los investigados y tomaba la palabra el exdelegado de Zona Franca Miguel Osuna quien dirigía las directrices del ente en la fecha de los hechos (principios del año 2000) y que se enfrenta ahora a una pena de prisión de diez años por varios delitos. Osuna, bastante tranquilo y tratando de ser muy explicativo en todas sus respuestas, repasó todos los hitos de la trayectoria de Quality desde el inicio hasta su salida del Consorcio.
Tanto a preguntas de la Fiscalía, como de su defensa, quiso dejar claro que los movimientos de dinero que se hicieron con la citada compañía no fueron fraudulentos sino que su gestión se ajustó a lo que se iba aprobando en los diferentes comités y a las directrices que les fueron marcando entonces los abogados del Estado que eran los que asesoraban en cuanto a los contratos existentes. «He mirado hasta la última peseta por el Consorcio, el dinero público es de todos, siempre lo he tenido muy claro», afirmó. «He sido demasiado celoso con eso y como consecuencia de ese exceso de celo me temía que García Gallardo me iba a presentar una querella ». «Todo se hacía por consenso», recalcó en otras de sus respuestas.
Como recordó fue en marzo de 2001 cuando fue nombrado delegado de la Zona Franca de Cádiz. «Cuando llegué me explicaron las reglas del juego», en referencia a la normativa existente y a la función por ejemplo de las sociedades instrumentales del Consorcio como era Sogebac (por la que se compró Quality). Ya en mayo de 2001 se firmó el convenio que establecía que Sogebac asesoraría a Quality en materia de subvenciones, aunque, según precisó, la idea venía de antes, de finales de 2000, cuando él todavía no estaba en el Consorcio. Fue entonces cuando se estableció que la sociedad se quedaba con un cinco por ciento del capital (cincuenta acciones) de la empresa fundada por García Gallardo.
Posteriormente, en 2002, según explicó, se celebró el comité ejecutivo en el que se propuso la señalada ampliación de capital de Quality Food hasta un 43 por ciento para que la firma pudiera optar a las ayudas de Industria. La fórmula, tal y como ya había explicado el propio García Gallardo en su declaración ante el tribunal este pasado martes, era a través de préstamos participativos. Como incidió a preguntas de su defensa Miguel Osuna, estos préstamos fueron «un único movimiento de dinero». Uno primero, en abril de 2001 por valor de 900.000 euros –antes incluso de la firma del primer convenio–, otro en mayo de 2002 también por 900.000 y el tercero, en diciembre de 2002 de 1.200.000 euros más los intereses que habían generado los dos anteriores, es decir, casi 1.900.000 euros. Los dos primeros fueron conferidos de Zona Franca a Quality y ya el último con Sogebac. A partir de ese momento todas esas cantidades se transfieren a acciones.
Y ¿por qué utilizaron para la ampliación de capital a la sociedad instrumental? Pues, según el exdelegado, para cumplir con los estatutos y con lo que le marcaban los abogados del Estado. Quality Food se iba a hacer con una nueva planta fuera del recinto y al ser una operación en el exterior del entorno de beneficio fiscal pues tenía que ejecutarse a través de Sogebac. De ahí que solicitaran a la compañía de García Gallardo que devolviera los préstamos para que fuera la instrumental quien pusiera ese dinero. «Siempre fue la misma cantidad. Lo único que cambió fue por los intereses». Además de los 50.000 euros de la compra de cincuenta acciones para ejecutar la operación.
La 'caída' de Quality
Otros de los asuntos que se repasaron y que están en esta enmarañada cadena de idas y venidas y operaciones puestas ahora ante un tribunal, fue la salida de García Gallardo de la empresa. Osuna pintó ante los magistrados una situación muy diferente a la compañía potente, «con contratos de 30 millones» sobre la mesa que había descrito el empresario isleño en su declaración. Según desveló el exdelegado tras volver de un viaje de trabajo de Argentina se le comunicó que Quality tenía problemas de liquidez y podía entrar en suspensión de pagos . Una situación que, como dijo, le causó «sorpresa» aunque ya había empezado a tener conocimiento de algunos problemas que no le habían «gustado». Al tener esa noticia se puso en contacto con Hacienda y con el Ayuntamiento de Cádiz, dos de las principales instituciones representadas en el Consorcio. Se celebró entonces en diciembre de 2003 una junta directiva . Según Osuna fue el abogado del Estado Manuel Ponce quien dirigió la convocatoria. Finalmente deciden hacerse con el 52%, tomar el poder de decisión («yo pongo el dinero, yo decido») y marcan una serie de condiciones por si Zona Franca o la familia García Gallardo quiere hacerse con el cien por cien que depende de dos auditorías sobre el valor real de Quality Food que encargan a dos empresas independientes y que han sido también puestas en cuestión.
Osuna insistió en que siguió los pasos marcados por los abogados del Estado entonces presentes en la Zona Franca, Manuel Ponce y José Aurelio Ruiz. El exdelegado recordó que Ruiz fue quien redactó el informe que le llevó a estar imputado. Lamentó además el curso que tuvo el caso en lo Mercantil por el que Zona Franca fue condenado a pagarle más de diez millones de euros a García Gallardo. «No tuve ninguna responsabilidad, ni se me citó como testigo. Se podría haber evitado», aseguró.
El juicio continuará este jueves con la declaración de José Manuel Fedriani, que era jefe de gabinete de Miguel Osuna y para el que se pide diez años de prisión.
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