REMUNICIPALIZACIÓN
La oposición duda del proceso de remunicipalización del equipo de Gobierno
El Grupo municipal popular demuestra con un informe del interventor que la municipalización de la Playa encarecería el coste del servicio en 120.000 euros
Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Cádiz vuelven a estar unidos en contra del equipo de Gobierno al considerar «dudosa» su manera de gestionar la ciudad . Si ya coincidieron tumbando en el Pleno el proyecto de presupuestos de 2016 (obligando a Podemos y Ganar Cádiz a aprobarlos en solitario en Junta de Gobierno Local), o en el proyecto de Relación de Puestos de Trabajo planteado a finales de año, ahora le ha tocado el turno al proceso de remunicipalización de los servicios de playas . En concreto, de limpieza de la arena, recogida de los residuos, conservación y mantenimiento de los equipamientos e infraestructuras en las playas; el servicio de asistencia sanitaria y socorrismo en las playas; y el servicio de limpieza y mantenimiento de vestuarios.
La intención del equipo de Gobierno es hacerlo posible de cara a la próxima temporada de verano aunque el tiempo se les viene encima y la tan anunciada recuperación de los servicios públicos se hace esperar y parece que nunca va a llegar.
Este miércoles se celebraba la comisión que aborda este asunto de vital importancia para la ciudad y para las arcas municipales contando con el rechazo de los tres grupos representados en la oposición, que consideran que este proceso está lleno de «lagunas» y que el anunciado ahorro es más que cuestionable.
Aunque el PSOE nunca se ha mostrado contrario a la remunicipalización, ayer volvía a insistir en la necesidad de que el equipo de Gobierno aporte la documentación necesaria para «asegurarnos de que este proceso se haga con todas las garantías ». A juicio del portavoz de esta formación, Fran González, « siguen existiendo importantes lagunas que, durante la reunión, han sido reconocidas incluso por los técnicos. Hay asuntos que entran en colisión y otros que siguen sin aclararse». Así, el PSOE ha solicitado por escrito que, conla mayor brevedad posible, respondan a sus dudas.
Entre la documentación requerida está la certificación de que «no existe necesidad de autorización previa del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre el inicio del expediente de municipalización, asi como de las modificaciones previstas en los objetos sociales de las empresas municipales», aseguró Fran González.
Consecuencias jurídicas
En este sentido, el portavoz de los socialistas gaditanos precisó que las competencias en Medio Ambiente las tiene Aguas de Cádiz y «deberá hacerse una modificación en los estatutos de Cádiz 2000 para que asuma estos servicios».
Asímismo, han solicitado un informe del interventor y el secretario sobre las consecuencias y responsabilidades jurídicas «así como del alcance que podría tener el incumplimiento de los compromisos que afectan al procedimiento».
«Mentira, demagogia y chapuza»
Por su parte, el PP fue mucho más duro en sus críticas asegurando su portavoz, Ignacio Romaní, que el proceso de remunicipalización «está siendo un verdadero monumento al tridente de Podemos en Cádiz: la mentira, la demagogia y la chapuza ».
Aseguró que «la gran mentira es que se produce un ahorro ya que a Cádiz los servicios de playas le cuesta lo que paga a las empresas, no lo que una teoría establece». Añadió que «lo que paga a las empresas es 2.168.331 euros y la municipalización supone pagar por eso mismo 2.288.144 euros». Por tanto, insistió en que « le costará al Ayuntamiento cerca de 120.000 euros más . Esa es la verdad pura y dura y los demás son las cuentas del gran capitán. Y así lo demuestra el informe del interventor municipal».
Romaní insistió en que es una demagogia que hablen de mejorar el servicio y las condiciones de los trabajadores porque «estarán en las mismas condiciones laborales que el propio alcalde tachaba de precarias cuando no gobernaba en la ciudad».
«Por la puerta de atrás»
Por último, Ciudadanos, a través de su portavoz, Juan Manuel Pérez Dorao, cuestionó la posibilidad de que el expediente «pueda incurrir en fraude de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local » y ha pedido que se solicite un informe previo al Ministerio de Hacienda, «ya que esta Ley prohíbe la formación de nuevas entidades y unidades administrativas y, además, limita la tasa de reposición de personal».
Asímismo, Pérez Dorao consideró que «el procedimiento de remunicipalización que plantea el equipo de gobierno resulta incompatible con los principios de igualdad, capacidad y mérito que deben regir los criterios de contratación por parte de las administraciones públicas. Si se hace tal y como plantea el equipo de gobierno, mediante subrogación del personal, sería entrar por la puerta de atrás»
