El Obispado negocia ahora la salida de la Bella Italia de la Plaza Fragela

El Obispado de Cádiz mantiene su política de no renovar los contratos de alquiler a los actuales inquilinos de los locales comerciales de la Plaza Fragela que pertenecen a la Fundación Adolfo Carneiro, dependiente de la Diócesis gaditana. Aunque hace apenas unos días se anunciaba un principio de acuerdo entre la propiedad del edificio y la taberna de la familia Madueño, finalmente ésta se ha visto obligado a abandonar el negocio ante unas condiciones que eran difíciles de asumir.

Sin embargo, éste es solo el primer paso de un plan que contempla el desalojo del resto de negocios situados en los bajos de esta finca. Así se lo ha comunicado el Obispado a los dos únicos inquilinos que hasta ahora han cumplido el contrato, como s on los casos de Madueño y La Bella Italia . Tras la renuncia del primero, ahora son los responsables del restaurante italiano los que intentan salvar su negocio a toda costa. Y en los próximos años, se tomarán las mismas medidas con el estanco y la carnicería, a los que aún les quedan algunos años de contrato.

Desde que se informó a los empresarios de la situación, éstos no han parado de ofrecer alternativas a la propiedad, sin que ésta haya aceptado ninguna de ellas. Ni siquiera la mediación del alcalde José María González , que mantuvo una reunión con el obispo Rafael Zornoza para abordar el problema, ha conseguido poner freno a una actitud que ha despertado numerosas críticas. Parece ser que la Diócesis ya maneja otros proyectos y no está dispuesto a prolongar la relación con los actuales arrendatarios ni a dar ningún tipo de facilidades.

De hecho, en el caso de Madueño, la propiedad ha rechazado incluso la ampliación del contrato durante unos meses. Estos ingresos permitirían a los inquilinos conseguir algunos ingresos para hacer frente al préstamo con el que hace tan solo unos años la familia Madueño acometió un importante proceso de renovación de las instalaciones.

En el caso de La Bella Italia, los problemas derivados de esta situación también son importantes, ya que los siete empleados que trabajan ahora mismo en el local podrían perder su empleo. En este caso, los empresarios tienen la posibilidad de acometer unas obras que podrían permitirle mantener abierto el negocio en un futuro, ya que la parte interior del local es propiedad de los actuales arrendatarios, por lo que tras un proceso de reforma de las instalaciones, éstas se podrían mantener abiertas. Sin embargo, para ello necesitan un periodo de tiempo que les permita hacer la reforma sin cerrar el negocio, algo a lo que parece que tampoco está dispuesta la propiedad del edificio.

Sin duda, una actitud que ha despertado un enorme malestar entre los empresarios, los vecinos e incluso los responsables políticos de la ciudad, que no ven con buenos ojos la gestión que está realizando el Obispado.