Entrevista
«Se necesitan unos criterios educativos y sanitarios claros y más medios para reabrir los centros»
Los inspectores afrontan el inicio del curso con dudas y denuncian la descarga de responsabilidades en los equipos directivos, docentes y familias
Antonio Asegurado, presidente de la Unión Sindical de Inspectores Educativos.
Con el inicio del curso escolar a la vuelta de la esquina, los inspectores educativos se preparan para afrontar una de las etapas más conflictivas de las últimas décadas. Su labor será fundamental para atajar los múltiples problemas que pueden surgir a lo largo de un curso que estará marcado por la pandemia del coronavirus. Antonio Asegurado, presidente de la Unión Sindical de Inspectores Educativos (USIE), da algunas de las claves.
–¿Cree que el curso va a poder comenzar en la fecha prevista en los diferentes niveles educativos?
–Los equipos directivos están haciendo un trabajo excepcional, los claustros un esfuerzo titánico, pero no se les puede dejar solos. La educación no puede limitarse a un registro de quejas: necesitamos una educación basada en las evidencias de las que ya disponemos y en propuestas técnicas. Hay demasiada hojarasca especulativa y retórica. Los 2.000 millones de euros del Gobierno central son insuficientes. Pero, además, no se nos ha explicado con transparencia cómo se repartirán. La reunión de presidentes autonómicos en agosto evidencia improvisación y un motivo de inquietud para toda la sociedad, que observa cómo la responsabilidad se descarga en los equipos directivos, docentes y familias. La Conferencia Sectorial ha sido decepcionante: simplemente humo. Todo ha sido in extremis. Da la impresión que lo que se buscaba era una foto.
–¿Qué se debería hacer para llevar a cabo una apertura con garantías?
–Habrá que ayudar a los centros en la toma de medidas como flexibilizar el horario lectivo al inicio de curso, realización de desdobles que permitan crear más de un grupo de un mismo nivel y/o grupos mixtos, ámbitos de conocimiento en función de la habilitación del profesorado, globalización del currículum, trabajos por proyectos, aprendizajes imprescindibles... con modelos propuestos que aminoren la burocracia, y formar al profesorado en modelos de enseñanza on line, dotando a los centros de rec ursos tecnológicos y plataformas educativas.
–¿Cree que los protocolos a aplicar en los centros son los adecuados ante la situación actual de la pandemia?
–Los protocolos son un ejemplo de que la educación en España no es considerada un asunto de Estado. Una de las medidas que propone el Ministerio es lavarse las manos con frecuencia. Y dicen bien, porque en eso, la ministra tiene experiencia de sobra. A la ministra Celaá habría que aplicarle el protocolo de absentismo. Es decepcionante la falta de realismo y compromiso con la educación y la carencia de liderazgo del Ministerio, que no está tomando decisiones relevantes concretas, ni coordinando las políticas educativas territoriales. Se necesitan unos criterios educativos y sanitarios claros y una mayor dotación de medios (finalistas) materiales y humanos para garantizar la reapertura segura de los centros educativos, que es hoy más necesaria que nunca ante la ola de rebrotes que se extiende por todo el país. Reducir la ratio no es suficiente, tenemos un gran problema con los espacios. Hay centros casi vacíos y otros que tienen habilitados el laboratorio, la biblioteca...no existe la talla única, ni el café para todos.
–¿Cree usted que la educación virtual es la solución?
–No, se necesitan más recursos finalistas, y mayor flexibilidad normativa. El único objetivo debería ser proteger el derecho a una educación segura y ordenada dentro de lo posible, teniendo en cuenta el principio de realismo e incertidumbre que hacen inviables soluciones mágicas ante situaciones tan novedosas e imprevistas. La escuela virtual es la antiescuela por cuanto la socialización es muy escasa y el aprendizaje se resiente sensiblemente. No podemos generar más fracaso, más abandono escolar, ni más desigualdad, y esto en Andalucía ha tocado techo. Además, el derecho a la educación sólo puede desplegarse por completo con una educación presencial. Durante la pandemia se ha utilizado bastante la educación a distancia enviando correos electrónicos en vez de la educación en línea o en directo. Lo primero no es educación. Lo segundo es sólo un sustitutivo con el que tendremos que convivir cada vez más en diferentes formatos no excluyentes: a) presecial y telemática, b) semipresencial con asistencia del grupo completo en los tramos horarios presenciales c) semipresencial con asistencia parcial del grupo en los tramos horarios presenciales.sólo un sustitutivo temporal.
–¿Cuentan los inspectores con las herramientas necesarias para afrontar este curso?
–Todas las partes debemos hacer esfuerzos y generosas cesiones ante el mayor problema educativo de los últimos 40 años. Para ello las Administraciones públicas deben redoblar los recursos materiales y humanos. Los inspectores de educación debemos centrar nuestros esfuerzos en asesorar, ayudar y comprender las difíciles situaciones en las que se verán involucrados todos los sectores de la comunidad educativa facilitando pautas y la conexión con las autoridades administrativas. Para ello y en la actual coyuntura, el asesoramiento debe ganar peso ante la supervisión, centrada en el cumplimiento de la normativa educativa, pues nos encontramos ante una situación transitoria y compleja. Los planes de inspección deben simplificarse al máximo para que se pueda atender lo realmente necesario e importante.
–¿Tienen los padres derecho a no llevar a los hijos al colegio por la situación sanitaria?
–La asistencia presencial a la escuela, mientras las autoridades sanitarias no la limiten, no es una opción de las familias, sino una obligación. Bien es cierto que situaciones excepcionales, requieren de una aplicación flexible de la norma, dicho de otra manera: la prioridad es el asesoramiento y la ayuda, no la sanción. En cualquier caso el absentismo tiene que ser reiterado, duradero, planificado y persistente, no esporádico. Esto significa que la condena por un delito de desamparo es el vértice de un largo proceso, sin sentido en estos momentos, es la ayuda y la prestación de medios y recursos la prioridad.
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