Ayuntamiento de Cádiz
Moratoria en el pago de los alquileres de viviendas y locales municipales en Cádiz
El Ayuntamiento de Cádiz ha explicado que una vez que finalice esta situación excepcional, el recibo a estos inquilinos será prorrateado entre los seis y doce meses siguientes, dependiendo de las cuantías
Cuando termine todo, se podrá requerir por parte de los inquilinos la suspensión total o parcial de dichos pagos si se acredita precariedad económica sobrevenida como consecuencia de la crisis
El equipo de Gobierno propone una moratoria en el pago de alquileres.
El Ayuntamiento de Cádiz ha anunciado que llevará al Consejo de Administración la Empresa municipal de Promoción de Vivienda (Procasa) una propuesta para realizar, durante el estado de alarma decretado por el Gobierno Central por la crisis sanitaria, una moratoria en el pago de alquileres de viviendas y locales municipales .
El alcalde de Cádiz, José María González Santos 'Kichi' ha señalado que «estamos poniendo todos los recursos disponibles y tomando las medidas posibles para reducir al máximo posible el impacto económico y social que puede provocar el estado de alarma sobre la ciudadanía».
Es por esto que «desde Procasa queremos realizar una moratoria de los alquileres de las viviendas tanto del parque municipal como las que gestiona pero son propiedad de la Junta de Andalucía, para contribuir a paliar los efectos económicos que está teniendo el confinamiento ».
González Santos ha declarado que espera que los miembros del Consejo de Administración « compartan esta iniciativa y voten a favor ».
González ha explicado que «la ciudadanía está siendo responsable con las normativas y directrices dada por las administraciones por el estado de alarma al quedarse en casa por lo que les corresponden a las administraciones dar un paso para aliviar las cargas económicas derivadas por esta crisis sanitaria ».
La concejala de Vivienda, Eva Tubío , ha señalado que una vez que finalice esta situación excepcional, el recibo a estos inquilinos será prorrateado entre los seis y doce meses siguientes , dependiendo de las cuantías.
Avanza además que «de continuar la crisis y la cuarentena, esta medida se podrá ampliar al mes de mayo para lo que deberá volver a contar con la aprobación del Consejo de Administración».
Con posterioridad, una vez vueltos a la normalidad, «se podrá requerir por parte de los inquilinos la suspensión total o parcial de dichos pagos si se acredita precariedad económica sobrevenida como consecuencia de la crisis sanitaria».
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