VIVIENDA
Más sombras que luces en la ordenanza sobre el 'Alquiler Justo'
La oposición ya prepara sus alegaciones y cree que existen muchas «lagunas» en el documento que será necesario subsanar antes de su aprobación definitiva
La ordenanza que regulará el programa municipal de Vivienda ‘Alquiler Justo’ impulsado por el equipo de gobierno se aprobó de forma inicial el pasado 16 de mayo en un Pleno extraordinario aunque con muchas reservas por parte de la oposición.
Uno de los grupos más críticos con el contenido de esta ordenanza fue precisamente el PSOE, que considera que es «muy mejorable» y que existen muchas «lagunas» en este documento, «sin que además responda realmente a lo aprobado en el Pleno monográfico de Vivienda celebrado el pasado mes de octubre». Esta afirmación también es compartido por el portavoz de Ciudadanos, Juan Manuel Pérez Dorao, que considera que la ordenanza es «puramente social y no responde a los problemas de vivienda que padece esta ciudad».
Los socialistas han mostrado su malestar porque no se ha contado en ningún momento con los grupos de la oposición para la elaboración de esta ordenanza aunque sí que se ha creado un grupo de trabajo de 40 personas, entre colectivos sociales en defensa de la vivienda de la ciudad, técnicos municipales y de la Junta de Andalucía, además de representantes de propietarios y tenedores de vivienda, según manifestó el equipo de Gobierno.
A juicio del PSOE, «existen muchas ambigüedades en el documento y se pone de manifiesto que no se ha realizado un estudio previo para comprobar qué propietarios se acogerían a este programa y qué arrendatarios serían susceptibles de beneficiarse del mismo, por lo que ya nace cojo».
Los socialistas lamentan a su vez que el equipo de gobierno haya focalizado el programa de ‘Alquiler Justo’ en las personas que se encuentran en situaciones de emergencia social, «y no haya contado con otros colectivos como los jóvenes, algo que desde el PSOE consideramos fundamental para poder reactivar la econonomía de la ciudad». Añaden que «creemos muy necesario que nuestros jóvenes, que han tenido que marcharse de la ciudad por los altos precios de los alquileres, puedan volver a la ciudad porque lamentablemente Cádiz se está convirtiendo en la ciudad de la emergencia social y esa es la imagen que proyectamos». Recriminan al alcalde y a su equipo de gobierno que «tienen que gobernar para todos los ciudadanos, entre los que también se incluyen los jóvenes que podrían acceder perfectamente a este programa».
Programa más social que justo
La concejal socialista María José Rodríguez resalta que «este programa no debería llamarse de Alquiler Justo, porque no lo es. No es justo y por ello ya le propusimos al equipo de gobierno que le cambiara el nombre por Alquiler social».
Considera también, al igual que el resto de los grupos de la oposición que tiene un fleco muy importante: no resulta atractiva para los propietarios a pesar de que se le ofrezcan ayudas.
En primer lugar, se les ofrece la posibilidad de solicitar créditos reintegrables por una cuantia de 6.000 euros, «cantidad que según el estado de la vivienda no sería suficiente para poder acometer las obras necesarias y que pueda acogerse a este programa». Victoria Rodríguez, concejal del PSOE, pone como ejemplo que «sólo si tiene que cambiar una cocina, o un baño y si le añadimos los gastos de IVA o de beneficio industrial, ya habrían gastado buena parte de esta ayuda, por lo que no es operativo y tenemos nuestras dudas».
Por otro lado, correrán a cargo del propietario los gastos de la comunidad si ésta excede los 50 euros, además de los gastos del IBI y las cuotas extraordinarias de la comunidad. En el caso del certificado de eficiencia energética necesario para arrendar cualquier vivienda, será Procasa la que realice dicho informe. A este respecto, el PSOE teme que «se esté dando una carga de trabajo adicional al personal del Ayuntamiento porque en principio no está previsto la contratación de más trabajadores para hacer este tipo de tareas». Añaden que «esta ordenaza está basada en la solidaridad de los propietarios, por lo que no tenemos ninguna garantía de la participación que habrá».
Por su parte, el concejal del PP, Juan José Ortiz, propone que para que esta ordenanza sea más atractiva para los prpopietarios, «se les podría bonificar en el IBI, porque mucho nos tememos que ante unas rentas tan bajas a percibir -que oscilan entre los 350 y los 500 euros al mes-, un préstamo de 6.000 euros que no les va a dar ni para arreglar un cuarto de baño y las desventajas fiscales que podría ocasionarle este tipo de arrendamiento al propietario, no se van a presentar muchos interesados para formar parte de este programa».
Ortiz insistió además en que esas desventajas fiscales también repercutirán en los inquilinos, «que son personas con escasos recursos y que quizás nunca hayan declarado a Hacienda». El concejal popular considera un «error garrafal» de esta ordenanza lo estipulado en su artículo 16 punto 4 con respecto a la documentación necesaria para la concesión de la ayuda social, que pide textualmente «declaración responsable de que no se halla incurso/a en ninguna de las circunstancias previstas en el párrafo 2 del art. 13 de la Ley General de Subvenciones». El PP pide la retirada de este punto en la ordenanza y lo argumenta diciendo que «no se puede someter a los inquilinos a la Ley de Subvenciones cuando se trata de ayudas sociales ya que debe estar al corriente con Hacienda y la Seguridad Social».
Los populares exigen a su vez que Procasa, «que se supone que va a tener un papel muy importante dentro de este programa de ‘Alquiler Justo’», presente un informe. Añaden que «creemos que es necesario porque aunque actúe de intermediario, tiene mucho que decir al respecto. Sólo se nos han presentado los informes de las delegaciones municipales implicadas, pero no del organismo más importante:la empresa municipal de la vivienda Procasa».
Un escaso presupuesto
Otra de las objeciones que pone la oposición a esta ordenanza es el escaso presupuesto con el que se cuenta, 500.000 euros para este año. «Con este dinero se podría actuar tan sólo en 83 viviendas y eso si nos limitáramos a las ayudas que se conceden a los propietarios», asegura la concejal socialista Victoria Rodríguez. Por tanto, «es insufuciente».
Respecto a la segunda pata de esta ordenanza, la que coresponde a las ayudas de los arrendatarios, la oposición considera que «se trata de sectores muy vulnerables y quizás en algún momento no pudean seguir pagando la renta a la propiedad, por lo que se origina un importante problema para el propietario», señala la concejal del PSOE María José Rodríguez.
Ante esto, los socialistas proponen un instrumento que se encargue de la resolución de conflictos ante los posibles problemas que puedan surgir entre el propietario y el inquilino, «que pueden ser muchos y creemos que no se han previsto por parte del equipo de Gobierno».
Los grupos de la oposición, que creen que se trata más de una «experiencia piloto» que de un programa trabajado y elaborado conforme al problema real de vivienda que existe en la ciudad, ven más sombras que luces en esta ordenanza que «se ha hecho con prisas, que nunca son buenas compañeras». PP, PSPOE y Ciudadanosya preparan sus alegaciones a un documento «que tendrá que mejorar» antes de que se apruebe definitivamente.
