SIN TECHO
Lagarder Danciu: «La propuesta del Ayuntamiento es un lavado de cara»
El defensor de las personas sin hogar recibe «con pinzas» la solución de ceder temporalmente sin ánimo de lucro el inmueble okupado de la Casa de Cádiz en Barcelona
«El Ayuntamiento de Cádiz no ejecutará ningún desalojo en la Casa de Cádiz en Barcelona ». Así lo aseguró este martes la concejala de Asuntos Sociales del Consistorio gaditano, Ana Fernández , tras salir a la luz pública la denuncia del activista defensor de los derechos de los sin techo e impulsor del proyecto de albergue autogestionado en esas instalaciones, okupadas el pasado noviembre, Lagarder Danciu, en la que arremetió contra el Ayuntamiento de Cádiz y el alcalde por querer desahuciar a las 25 personas sin hogar que viven allí a través de una denuncia judicial.
En apenas 24 horas el Consistorio reaccionaba y daba una posible solución a la reclamación del colectivo que representa Lagarder. No obstante, tanto el abogado de los sin techo, Bernat Barceló, como el propio Lagarder Danciu han criticado al equipo de Gobierno, por «no atender los intentos de contactar con ellos», lamentó Barceló, y «por elegir la vía penal», reprochó el activista.
Desde el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz han negado con rotundidad haber presentado denuncia alguna para desalojar a las personas sin hogar que viven en la Casa de Cádiz de la Ciudad Condal: «no se ha ejecutado ni se ha dado orden de desalojo de la Casa de Cádiz en Barcelona» y «ni se tiene ni se ha tenido en ningún momento la más mínima intención de desahuciar», subrayó la edil. De esta manera el Ejecutivo local se ha desmarcado de las duras acusaciones que dirigió Danciu contra José María González, al que tachó de «hipócrita» por «presentarse como anticapitalista» e intentar desalojarlos.
Sobre la denuncia a la que alude Lagarder Danciu, la concejala ha argumentado que se trata de un requerimiento cursado por los Mossos d'Esquadra a raíz de una «denuncia vecinal» que el Ayuntamiento de Cádiz tuvo que atender porque de lo contrario «hubiéramos incurrido en prevaricación», señaló Fernández: «de no atender esta denuncia velando por el patrimonio de la ciudad, estaríamos prevaricando , algo que tampoco vamos a hacer». Lamentó que se intente «dañar» la imagen del Ayuntamiento de Cádiz y se cuestione el trabajo municipal en ese sentido porque «es una de las sensibilidades por las que vinimos a las instituciones». «Alguien se cree que podemos abrir un nuevo centro para la atención a personas sin hogar en Cádiz y desalojarlas en Barcelona», se preguntaba la concejala.
Por ello el Ayuntamiento de Cádiz -co propietario del inmueble junto a una entidad financiera privada- anunció ayer una solución bajo la fórmula de « una cesión temporal sin ánimo de lucro » mientras se encuentra un comprador, ya que el inmueble está en proceso de venta y «el Ayuntamiento de Cádiz no se puede permitir que la ciudad deje de ingresar la cantidad que supone un local de esas características».
Una denuncia polémica
Con fecha de 21 de noviembre, el Juzgado de Instrucción 25 de Barcelona ordenó a la Guardia Urbana que identificara a los moradores de la Casa de Cádiz de Barcelona. El escrito, al que ha tenido acceso LA VOZ, como resolución de un juicio de delitos leves por usurpación («ocupación no violenta de inmuebles»), solicita que «se identifique a los ocupantes del local sito en la calle Sardenya 277, Casa de Cádiz de Barcelona, y se les requiera para que en el término de siete días abandonen el mismo o, en su caso, acrediten su derecho, apercibiéndoles que en caso de no hacerlo se podrá acordar su desalojo».
Este oficio se cursó doce días después de que las instalaciones de la Casa de Cádiz -abandonadas desde hace casi una década- fueran okupadas por personas sin hogar que han puesto en pie -en una propiedad ajena - un proyecto autogestionado de albergue las 24 horas del día con el nombre Welcome Sense Sostre (Bienvenidos, Sin Techo), coordinado por Lagarder Danciu.
Un mes intentando «mediar»
Pocos días después, el abogado de los sin techo de la Casa de Cádiz, declaró ayer a LA VOZ, tuvo conocimiento de la resolución del juzgado y desde ese día ha intentado contactar con el Ayuntamiento de Cádiz para «mediar de alguna manera».
«Primero me pasaron con Patrimonio, que me derivó a los Servicios Jurídicos y ahí me dijero que harían lo que correspondiera y también que era más un tema político que hablara con el gabinete de Alcaldía. No fue posible hablar con ningún político y como el tiempo apremiaba, envié un correo electrónico a Alcaldía para mediar y evitar el desalojo proponiendo alguna medida como la cesión del uso del inmueble a cambio de un alquiler social u otra medida pero nunca que la gente se quedara gratis ahí, aunque nunca me contestaron». Hasta el pasado viernes. Un mes después, matiza, le dijeron desde el Consistorio gaditano que «la cosa estaba sobre la mesa». Barceló esperaba a fecha de ayer martes por la tarde a que desde el Ayuntamiento de Cádiz alguien se pusiera en contacto con él para informarle de la decisión adoptada y hecha pública a través de un comunicado de prensa.
No obstante, pendiente de poder acceder a la causa completa, Bernat Barceló presupone «buena voluntad» al Gobierno de Kichi, pero insiste en que funcionarios del Juzgado de Instrucción nº 25 de Barcelona le dicen que «el denunciante fue el Ayuntamiento de Cádiz » y le sorprende «el requerimiento de los Mossos d'Esquadra al que se refiere el Ayuntamiento».
Ante la disparidad de opiniones sobre la autoría de la denuncia judicial, el abogado, recalcó que el Ayuntamiento como propietario «sabría que le ampara el derecho a la propiedad y tiene plena faculta para decidir qué vía utiliza, si la usurpación de inmueble (via penal) o la vía civil, que es el que se suele utilizar para desahuciar a la gente». Con todo, atribuyó a un «cúmulo de malentendidos y dinámicas burocráticas» todo lo sucedido y confió en que todo acabe «bien».
Lagarder: «es un lavado de cara»
En conversación con este periódico, Lagarder Danciu mantuvo ayer la misma dureza empleada días atrás contra el alcalde de Cádiz. Dijo recibir la propuesta del Ayuntamiento «con pinzas» porque «son expertos en mentir al pueblo» . Sin ambajes.
Criticó que «estén dispuestos a ceder un inmueble que al mismo tiempo está en venta» y atribuyó a «un lavado de cara» y a la «presión mediática» la decisión municipal.
El activista calificó la Casa de Cádiz okupada como «un recurso social potente en pleno centro de Barcelona» y la decisión del Ayuntamiento de «ir por la vía judicial» -negada por el consistorio- «un error». Eso -confesó- «ha sido lo que nos ha molestado , había otra forma de hacer las cosas, pero se han hechos los tontos y el comunicado que han hecho público es de cara a su gente».
Lejos de cualquier tibieza, Danciu dirigió al alcalde de Cádiz una serie de críticas políticas, desde «no remunicipalizar todos los servicios relacionados con asuntos sociales» hasta «desalojar a los sin techo de Cádiz de lugares como la playa de la Caleta o incluso multarlos». Cabe recordar que hace un par de años Danciu estuvo en Cádiz participando en la Marcha contra la pobreza.
El activista sacó ayer a relucir el «apoyo» que tienen las personas sin hogar que están en la Casa de Cádiz de «muchos gaditanos que viven en Barcelona» y recriminó a Kichi que en la fachada del ayuntamiento de Cádiz luzca una pancarta con el lema 'Welcome Refugees' y a 1.200 kilómetros «quiera desalojar 25 personas, entre ellas, 6 refugiados» .
El proyecto de alojamiento 24 horas y servicios complementarios para personas sin hogar que Lagarder puso en marcha el pasado 9 de noviembre tras okupar el inmueble del que es copropietario el Ayuntamiento gaditano, ha propiciado que 3 de las 25 personas que viven allí ya hayan salido de la calle al encontrar un trabajo. Las tres son mujeres. Por este motivo, defendió la ocupación ilegal del edificio, «porque donde antes había un local abandonado ahora hay un proyecto que es un bien para la comunidad». Para su mantenimiento cuentan con una campaña de 'crowfunding' y la «solidaridad de los vecinos». «Este no es un sitio, como otras casas okupas, para fumar porros. Esto es un proyecto serio para sacar a la gente de la calle».
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