Kichi negocia con sus caseros

El Área de Hacienda del Ayuntamiento de Cádiz ha iniciado una ronda de contactos formales para tratar de reducir el coste que provoca, a las finanzas municipales, el pago anual de instalaciones alquiladas a propietarios particulares. En términos coloquiales, el equipo de José María González, ‘Kichi’ , está hablando con sus caseros, con los que se ha encontrado al llegar al poder municipal en Cádiz. El propio gobierno local confirma oficialmente que por ese concepto de alquileres sale cada año un millón de euros de sus cuentas. Ese es el coste de las decenas de pequeños locales, naves o inmuebles de diverso tamaño y ubicación que actualmente tienen un uso municipal pero son propiedad privada.

Entre ellos hay desde lugares de almacenamiento hasta plantas bajas que acogen oficinas, pequeñas accesorias y fincas completas. En varios casos, los contratos de alquiler tienen décadas de antigüedad aunque las mismas fuentes concretan que la gran mayoría fueron acordados en la etapa de Teófila Martínez en la Alcaldía (1995-2015).

La serie de encuentros, que ha comenzado ya, está presidida por el concejal de Hacienda, David Navarrro . Estas citas son definidas como «reuniones cordiales» en las que intercambiar la información necesaria para compartir alternativas y propuestas que acaben por reducir esa cifra total de cada año. El objetivo es recortar el millón de euros en la medida en la que sea posible. La Delegación de Hacienda elude –por razones de privacidad obvias– detallar las características de esos locales, su coste concreto y su propiedad. En todos los casos, la propuesta va encaminada a recortar costes municipales pero «con el mutuo acuerdo como prioridad». No se trata, afirman las mismas fuentes oficiales, de rescindir alquileres de forma unilateral ni de imponer ningún ultimátum.

Las proposiciones se adaptan a la casuística, varían según la situación de cada inmueble alquilado por un ciudadano (o empresa) al Ayuntamiento. En algunos casos, se propone un cambio en las condiciones de duración siempre que suponga una reducción del alquiler . En los contratos que tienen una extinción cercana, se negocia la posible rescisión anticipada siempre que interese al arrendatario y redunde en una bajada de la cifra anual que paga el Ayuntamiento.

Esta iniciativa forma parte del proyecto de remunicipalización de servicios públicos pero a pequeña escala. Mientras el gobierno municipal está en disposición de rescatar servicios complejos y costosos como la limpieza o el transporte, el ejecutivo local considera que esta renegociación de los alquileres es una «minirremunicipalización» que persigue el mismo objetivo. Es decir, se trata de que el Ayuntamiento logre, progresivamente, abastecerse de inmuebles con su planta en propiedad, sin la necesidad de tener que alquilar edificios, locales o naves a terceras personas. Los contactos con propietarios, que han comenzado ya, se extenderán hasta alcanzar a todos los que tienen alguna propiedad alquilada a la administración municipal.

La fijación del equipo de gobierno formado por Podemos y Ganemos es autoabastecerse con empleados y recursos públicos , sin concesiones administrativas, con el menor coste posible. Fue una de las grandes y cándidas promesas de su campaña electoral que fue torcida por la realidad legal y burocrática, las que le impide romper acuerdos ya cerrados por sus predecesores.

Pero la actitud consiste en abastecerse de lo mínimo, tan es así que el Servicio de Contratación, integrado en el Área Económica del Ayuntamiento de Cádiz, ha quedado prácticamente sin actividad. Su única función es la de compras y abastecimiento a través de proveedores. En cambio, la tramitación administrativa de expedientes para el contrato de servicios o el alquiler de instalaciones ha quedado prácticamente eliminada, reducida a la mínima expresión posible. Cuestión de principios.