TRIBUNALES
El alcalde de Cádiz, investigado por un delito de injurias y calumnias al PP
El juez admite la querella que presentó el PP contra él por decir que el anterior gobierno «contaminó a sabiendas a los 13.000 vecinos del barrio de Loreto durante 14 días». El concejal González Bauza y el jefe del Gabinete, citados también como investigados
El juzgado de instrucción número 3 de Cádiz ha admitido la querella contra el alcalde de Cádiz por un presunto delito de injurias y calumnias que presentó contra él el anterior gobierno del Partido Popular tras las declaraciones que hicieron González Santos, su concejal de Medio Ambiente y su jefe de gabinete de Alcaldía por las declaraciones que hicieron sobre la contaminación del agua del barrio gaditano de Loreto de 2014. Los tres «investigados» están citados a declarar el próximo 18 de agosto .
En el auto, con fecha de 9 de junio, la juez Rosa María García aprecia que «los hechos presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal ». No obstante entiende que «no están determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido», por lo que considera que es procedente, de acuerdo a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, «instruir diligencias previas y practicar aquellas encaminadas a efectuar tal determinación y, en su caso, el procedimiento aplicable».
La juez ha citado por tanto en agosto al regidor gaditano, su concejal y su jefe de gabinete. Antes, escuchará a los supuestos perjudicados en dos tandas. Así, el día 6 de julio acudirán a los juzgados la exalcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, y los exmiembros del equipo de gobierno: Ignacio Romaní, José Blas Fernández, Mercedes Colombo, Juan José Ortiz, Antonio Castillo, Bruno García León, Juan Antonio Guerrero y Vicente Sánchez. Y el día 10, declararán Pablo Román, José Macías, Dolores Palomino, María del Carmen Sánchez, Alejandro Varela, José Pablo Chaves y María del Carmen Bordons.
Los hechos que se instruyen son los relativos a la querella de 35 folios que presentó el PP el pasado 2 de junio por todos los integrantes del anterior equipo de gobierno municipal del Ayuntamiento de Cádiz en el mandato 2011-2015. En ellos se denuncian los supuestos delitos de calumnias e injurias cometidos por los tres querellados cuando manifestaron públicamente que los miembros del entonces gobierno liderado por Teófila Martínez «contaminaron a sabiendas a los 13.000 vecinos del barrio de Loreto durante 14 días» .
Contra dicha resolución se puede interponer recurso de reforma y subsidiariamente con el anterior o por separado recurso de apelación, según recoge el auto.
El PP: «El algo miserable»
En una nota el portavoz municipal del Grupo Popular de Cádiz, Ignacio Romaní ha reiterado lo indicado en el momento de presentar el acto de conciliación y la querella posterior: «hemos dado todos los pasos con tranquilidad pero con toda contundencia: un delito de este calibre no puede quedar impune. Acusar a alguien de dar agua contaminada a sabiendas a 14.000 personas es una monstruosidad, es algo miserable. Demasiado grave como para que González Santos no haya destituido ya a su asesor, al concejal y haber dimitido después».
Por su parte, el Equipo de Gobierno aseguró que la citación a la que hace referencia el PP no es firme y que el juez que instruye el caso de la querella presentada por los populares está obligado a admitirla a trámite. Además, el equipo de Gobierno asegura que aún no ha llegado notificación alguna del Juzgado al respeto.
No obstante, y según lo que ha salido publicado en los medios de comunicación, desde el Equipo de Gobierno subrayaron: «El juzgado al que le toca tramitar las querellas por delitos de injurias y calumnias no tiene otra opción que incoar el correspondiente auto de admisión a trámite puesto que son delitos denominados privados, que no se inician de oficio por ningún tribunal o Juzgado y que necesitan la interposición de una querella por parte de los supuestos ofendidos», aseguran.
Y añaden:«Intentar equiparar la admisión de una querella por presuntos delitos de injurias y calumnias a la admisión por parte de cualquier juzgado de instrucción de un delito, por poner ejemplo de corrupción, estafa… es un disparate jurídico que en el caso que nos ocupa no es de extrañar dada cuenta la manipulación torticera que está haciendo el PP».
Además, agradecen «profundamente la nueva oportunidad que nos van a dar de demostrar aquello que intentan esconder con esta querella, y con la manipulación informativa: que Aguas de Cádiz suministró agua contaminada a sabiendas durante al menos trece días en la barriada de Loreto.
Un corte de agua con miles de afectados y una crisis de Gobierno
El corte de suministro de agua de Loreto lo sufrieron nada menos que 15.000 vecinos de Cádiz capital durante 13 días, a partir del 7 de octubre de 2014. El motivo fue la contaminación de, al menos, una tubería de agua potable por otras residuales. El mal olor que emanaban los grifos dio la alarma y la Junta ordenó la interrupción del suministro hasta que las garantías sanitarias, respaldadas por varios análisis, fueran absolutas. Este episodio provocó protestas y una campaña de actuaciones urgentes, con dos semanas de tuberías levantadas, acerados en obras, mientras los vecinos se abastecían con cubos y garrafas. En lo político, fue la mayor crisis que sufrió Teófila Martínez en sus 20 años en la Alcaldía.
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