PATRIMONIO PÚBLICO

La Junta paga 1,5 millones de euros al año por alquilar los edificios que vendió en Cádiz

La administración valoró en casi 19 millones las sedes situadas en la capital que ahora están en manos de un fondo americano

Edificio de la Junta de la plaza España, durante la rehabilitación

ELENA MARTOS

La generosa liquidez que encontró la Junta tras la compraventa de 70 de sus edificios hace ya dos años va a salir mucho más cara de lo esperado. La Cámara de Cuentas de Andalucía ha desvelado en un informe que la oferta venía con bicho: La administración pierde 131 millones de euros -casi la mitad de lo que logró sacar- en aquella polémica operación. Es el resultado de comparar la rentabilidad que da el alquiler durante las dos décadas de duración del contrato con el precio de venta acordado que se cifró en 300 millones de euros.

Pero además del quebranto que supondrá a largo plazo para las arcas públicas, este exhaustivo estudio del órgano fiscalizador ha despejado otra duda: en cuánto se valoró cada uno de los edificios que compró el fondo de inversión americano WP Carey en un único lote, pues poco se dio a conocer de aquello. La operación se cerró con rapidez por el momento de especial necesidad que afrontaba la administración andaluza, obligada a cumplir objetivos de déficit y sostener los servicios públicos. En lo que toca a la capital gaditana, el coste de la enajenación del patrimonio alcanzó los 18,95 millones de euros y a día de hoy paga 1,5 millones al año por alquilarlas.

Fueron seis las propiedades de las que se deshizo la Junta en la ciudad y la más cara, con diferencia, es el edificio de la plaza de España , que fue ampliado en 2012 con la construcción del inmueble anexo que alberga, entre otros el servicio de gestión de tributos. Aquella obra, quizá la de más envergadura que ha acometido la Junta durante la crisis, tuvo un coste superior a los 10 millones de euros, sin embargo, el edificio ha sido valorado en 7,05, por debajo incluso de la tasación realizada.

Delegación de Agricultura y Pesca

Le sigue el inmueble de la plaza de la Constitución que alberga la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca . Esta propiedad fue incluida en el paquete por algo más de 4 millones, también por debajo del valor de tasación -32.000 euros menos-. Es uno de los grandes edificios de los que se ha desprendido la administración andaluza y de los que menor mantenimiento precisaba.

La finca señorial de Mina, 18, sede de la Delegación de Educación , tampoco requiere de una mayor atención, pues fue sometida a una importante rehabilitación en 2003 y muestra un aspecto saludable. Su precio alcanzó los 1,88 millones de euros , en este caso muy por encima de la tasación. Las que no se incluyeron en el lote fueron las otras dos propiedades que la Consejería tiene la misma plaza y que sí necesitan una intervención de envergadura a pesar de las obras de mantenimiento que se han venido realizando en los últimos años.

Edificio de Educación en la plaza Mina, 18

Más interés despertaron las dependencias administrativas de Isabel la Católica, 8 y 13 , que acogen servicios de Educación y el Instituto Andaluz de la Mujer. Ambas fueron rehabilitadas en 2005 por casi 4 millones de euros y se han vendido al fondo americano por 1,98 y 1,66 millones, respectivamente, como recoge el informe emitido recientemente por la Cámara de Cuentas.

La última situada en la capital gaditana que fue incluida en este inventario fue la Delegación provincial de Cultura , sita en la calle Cánovas del Castillo, 35. El importe que se obtuvo por él fue de 2,26 millones de euros, 188.400 por debajo de su precio de tasación.

Todos ellos han dejado de pertenecer al patrimonio público, pero seguirán siendo ocupados por los funcionarios andaluces hasta 2034. Ya para entonces habrá que tener una ubicación alternativa, pues el contrato de arrendamiento no es prorrogable y el fondo de inversión podrá darle otros usos, venderlo o buscar nuevos inquilinos. El coste por seguir ubicados en esos edificios administrativos es de 1,49 millones de euros al año. Eso sí, la Junta pierde la obligación de pagar el IBI y el mantenimiento, que supone también una factura cuantiosa.

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