CÁDIZ
La judicialización de la política local se agrava con el inicio del 'caso Loreto'
El anterior gobierno del PP inicia hoy la ratificación de una querella por injurias contra el alcalde, su jefe de gabinete y el edil de Medio Ambiente
La tensión política que vivió el Ayuntamiento de Cádiz durante la pasada primavera puede ser cosa del pasado. Aunque el riesgo de recaída es permanente, el verano ha servido de frontera simbólica y las trifulcas verbales o los incidentes en pleno parecen menguar. Al menos, resultan infrecuentes en este momento. Pero todo acto tiene consecuencias y lo vivido en la primera mitad del año 2016 se transforma ahora en actividad judicial.
Si la pasada semana, con el inicio de septiembre, se produjeron las declaraciones de los implicados en el incidente de las presuntas amenazas en el Pleno, ahora llega un caso más grave.
En el anterior, los hechos que se analizan hablan de un candidato (número 13) de la lista de Por Cádiz sí se Puede sin plaza en el Pleno que durante una sesión le habría gritado a los concejales socialistas que tendrían que ir con escolta por la calle. Esa supuesta afirmación, que los denunciantes entienden como una amenaza, está pendiente de valoración de la Justicia. Su posible autor, Alexis González, ha pedido perdón en dos ocasiones. Pero este episodio es un juego de niños comparado con lo que empieza a verse este miércoles.
El segundo caso de denuncias entre concejales o candidatos que llega a la Administración de Justicia en este mes de septiembre enfrenta al equipo municipal más numeroso, el del Partido Popular, con el alcalde, su jefe de gabinete y el delegado de Medio Ambiente. José María González Santos, José Vicente Barcia y Manuel González Bauza deben enfrentarse a la querella por «calumnias e injurias » que le interpusieron el pasado 2 de junio los concejales del PP del anterior equipo de gobierno (varios de ellos ya no están en el Pleno).
Les acusan de haber dicho, con el agravante de publicidad según uno de sus representantes legales, que el anterior ejecutivo del Ayuntamiento de Cádiz permitió que se distribuyera « a sabiendas de que estaba contaminada» agua corriente a los 13.000 vecinos del barrio de Loreto durante 14 días. De esa forma, achacaron una supuesta intencionalidad o delito a la actuación política del Ayuntamiento gobernado por el PP, la que tuvo lugar en octubre del año 2014 cuando se produjo el escándalo por la presencia de bacterias fecales en el agua corriente y el corte del suministro.
A partir de la jornada de hoy, los concejales del Partido Popular que presentaron la querella están llamados a ratificar el contenido de su denuncia. Caso de que lo hagan, como es previsible y siempre que no prospere el recurso presentado por los tres denunciados, luego le llegará el turno de declarar a los «investigados», que es como se denomina actualmente a los imputados. Llegado ese momento, tendrán el derecho de no declarar, contestar sólo las preguntas de sus representantes legales o todas las que se les hagan.
Si el tribunal decide seguir adelante con esta querella por vía penal, los investigados serían juzgados según el artículo 206 del Código Penal y se enfrentarían a una pena de entre seis meses y dos años de cárcel, lo que supone que nunca entrarían en prisión a no ser que mediaran otros antecedentes penales.
Los representantes legales del grupo popular coinciden en señalar que la vía penal es incierta cuando se trata de descalificaciones entre dirigentes políticos. Aunque coinciden en que las acusaciones «son muy graves, hablan de un delito contra la población, contra la salud pública, poco menos que un envenenamiento colectivo», siempre queda la posibilidad de que la autoridad judicial entienda que se trata de una trifulca entre políticos y la desestime.
La vía civil , en cambio, sí ofrecería un terreno abonado para la sentencia según estas mismas fuentes ya que estas posibles «calumnias e injurias superan con mucho un cruce de palabras entre políticos. No estamos hablando de uno que le dice a otro sinvergüenza, hablamos de que unos acusan a otros dar agua contaminada a miles de personas».
Llegado el momento, según los abogados de los demandantes, las grabaciones de las palabras tendrían un papel protagonista y la sanción consistiría en multas e inhabilitaciones.
Esta segunda opción se considera mucho más probable aunque la vía penal ni se descarta ni se considera desmedida para este caso. José Blas Fernández, uno de los demandantes, recordaba ayer que las acusaciones «son una barbaridad . Hay que tener en cuenta que nos acusan de dar agua en mal estado a muchas personas, muchas de ellas serían niños, o enfermos que podrían haber sufrido algún tipo de complicación si eso hubiera sido así. Es gravísimo».
Reapariciones, duplicados y familia cercana
La ronda de declaraciones que comienza hoy para ratificar la querella, y que debe durar cuatro días, provocará algunas imágenes llamativas en la política municipal. Por ejemplo, supondrá la reaparición de exconcejales del PPque ya no están en el Pleno ni en la actividad política, como Juan Antonio Guerrero y Antonio Castillo. También engrosa el anecdotario que el anterior concejal de Hacienda con Teófila Martínez, José Blas Fernández, vaya a ser representado por su hijo. Otro concejal popular en activo, como Juan José Ortiz, tendrá un doble papel en esta demanda. Por un lado acude como denunciante y, por otro, ejercerá de representante legal entre el grupo de presuntos afectados. El proceso, en cualquier caso, está en su fase inicial y depende siempre del juez que puede desestimar la demanda por la vía penal. En ese caso, a los demandantes les quedaría apelar a la civil o dar por zanjada la cuestión.
