La investigación revela nuevas supuestas irregularidades en el 'caso alumbrado'

Recientemene el juez titular del juzgado de instrucción número dos de Cádiz, Miguel Ángel López Marchena, dictaba un auto a petición del Ministerio Fiscal por el que declaraba «causa compleja» la investigación sobre irregularidades en las adjudicaciones de contratos del alumbrado del Ayuntamiento Cádiz y prorrogaba su instrucción. Así las pesquisas de la Policía continúan y justo está previsto que este viernes el responsable de la investigación declare en el juzgado sobre el informe que han ampliado. Como se recordará, este asunto busca dirimir las posibles irregularidades de algunas adjudicaciones del Consistorio de Cádiz en el área del alumbrado durante el año 2008.

Esta ampliación del informe, a la que ha tenido acceso este periódico, aporta de nuevo numerosa documentación que se suma a las pruebas ya entregadas. El caso lo destapó en 2009 el exgerente de Imesapi, Juan López Gallardo . Cuando cesó en sus funciones llevó hasta la Fiscalía Provincial cinco grabaciones con las que quería denunciar lo que ocurría. Sin embargo, el directivo está siendo también investigado porque, aunque denunció los hechos, se considera que lo hizo ya bastante tiempo después de saber lo que ocurría.

Pues bien, entre las conclusiones de los nuevos datos recopilados, los investigadores señalan directamente al entonces director de tráfico y alumbrado público, Germán Molina , ahora jubilado, como «la persona que concentraría el mayor grado de participación en el desarrollo de los hechos, habiendo ostentado la hegemonía directa durante el periodo investigado». Así entienden que teniendo en cuenta la declaraciones de los testigos y presuntos partícipes en la trama, los expedientes o las grabaciones, son «indicios suficientes para estimar un incumplimiento o vulneración constante de los deberes oficiales que obligan a autoridades o funcionarios a velar por los intereses generales». Los agentes creen que no sólo no veló por los principios que deben primar en el cumplimiento del orden público, sino que actuó presuntamente «en detrimento» del propio Ayuntamiento de Cádiz y del resto de empresas que se presentaron al concurso . El informe repara también en el resto de nombres de diferentes representantes de empresas que se vieron presuntamente beneficiados. Así concluyen que «se presentaban a estos concursos teniendo previamente concertadas y estudiadas las ofertas económicas que iban a presentar y así conseguir que resultase adjudicataria la empresa pactada a un precio menor ya acordado». Según se explica, esta práctica repercutiría directamente en un precio de contrato más elevado que reportaría a la entidad adjudicataria un mayor margen de beneficio con el menoscabo evidente sobre los intereses públicos.

La investigación destaca también el papel de otro responsable de Imesapi en el esclarecimiento de los hechos. Así reproduce su declaración voluntaria en la que quiso hacer constar su visita al despacho del entonces concejal responsable, José Blas Fernández. Según su testimonio, aportado al caso, el edil le atendió a él y a López Gallardo quienes fueron a advertirle de que se estaban produciendo estas supuestas irregularidades. Según detallaron, se quedó «sorprendido» y les comentó «que recibirían instrucciones suyas, que él sabría lo que hacer y que no se preocupasen». Pero tras este primer contacto, aseguran que no volvieron a tener noticias suyas. El informe aporta varios escritos que estas dos personas enviaron al concejal sobre el mismo asunto.

Según mantienen, José Blas Fernández «habría sido informado de las irregularidades y de la comisión de los delitos presuntamente cometidos por el principal investigado de la causa». Al parecer dichas comunicaciones se realizacon en varios periodos de tiempo que van desde el año 2010 hasta 2013 y que «hacen presumir que José Blas no puso en conocimiento los hechos presuntamente delictivos ante la autoridades competentes cuando debiera haberlo hecho, desconociendo si adoptó medidas internas para impedirlos, y si depuró las posibles responsabilidades administrativas o penales derivadas».

Por otro lado, el informe llama la atención sobre un pleno extraordinario que se celebró el 24 de marzo de 2014 a petición de los diferentes grupos de la oposición con respecto a las presuntas irregularidades en el alumbrado . En este sentido, se recuerda que el PP rechazó la creación de una comisión de investigación que estudiase el caso. Además, se significa que a partir de julio de 2010, cuando supuestamente según mantienen los dos trabajadores denunciantes habían contado lo que sucedía, el principal sospechoso mantuvo su cargo como máxima autoridad de la Delegación de Tráfico y Alumbrado hasta que se jubiló en julio de 2013.

El Juzgado de instrucción número dos de Cádiz encargó en julio de 2011 la investigación a la Policía Nacional, cuyos primeros informes ya detectaron posibles ilegalidades por amañar y engordar presuntamente presupuestos para favorecer a empresas. En 2014 se hizo cargo de las pesquisas el Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría Provincial de Cádiz.